Tragedia de Once: Residencia manchada con sangre

Un cartel pintado a mano, pero con todo el esmero que requiere la circunstancia, con la leyenda “102 ojos te miran”, fue el eslogan de la marcha que el sábado recordó el  segundo aniversario de la tragedia de Once. Bocinazos, alarmas de autos y un sostenido aplauso generó la curiosidad de los bañistas, que se sumaron al puñado de manifestantes que se instalaron frente a la vivienda que el empresario Mario Cirigliano (propietario del Grupo Plaza y ex apoderado de Cometrans, controlante de TBA) posee en el barrio privado Médanos.

A sabiendas de lo que iba a suceder, el sábado la enorme residencia de Cirigliano permaneció cerrada. Ese día no hubo movimiento familiar. Ni siquiera apareció el helicóptero de color bordó que utiliza el empresario. No hubo ostentaciones de los cuatriciclos, de camionetas 4x4, o las lanchas que suelen bajar. Sólo un guardia se acercó hasta los manifestantes y rogó: “Por favor no sobrepasen la cerca… está en riesgo mi fuente laboral y no quiero que me suceda lo mismo que le pasó a un compañero que ayer despidieron por mucho menos”.

En ningún momento estuvo en el pensamiento de esa gente que reclama justicia poner en riesgo el trabajo de ese hombre. Simplemente con respeto, colocando el cartel, encendiendo velas y aplaudiendo a las 19, se intentó recordar que “los ladrillos de esa casa, están manchados con sangre”.

Julio Macera, radicado en Capital Federal, pero veraneante de Necochea desde hace casi hace más de treinta años, fue quien ideó esta marcha el año pasado. “Estoy contento porque parecemos pocos, pero la realidad es que vino más gente que el año pasado. Además, vi con alegría cómo se sumaron los bañistas cuando aplaudimos”, explicó Macera. Sin dudas, esta movida irá creciendo hasta que realmente se haga justicia.

La idea surgió cuando el casi necochense leyó un titular en el que señalaba que Cirigliano encontró su lugar en el mundo en Necochea. Estas marchas año a año “demostrarán que no es su lugar en el mundo”, expresó en referencia al empresario.

Hubo 51 muertos en la denominada Tragedia de Once, y una cantidad enorme de heridos que hoy todavía sufren el horror que vivieron hace dos años. “De ellos tampoco tenemos que olvidarnos”.

Un foco de corrupción: La Liga

Viviendas, autos, plantas industriales, campos, cuadros, yates, joyas y cualquier objeto de valor se pueden convertir en parte del abanico de subastas judiciales.

Dentro del universo de las subastas participan el martillero a manera de oficial público y los postores. También suelen aparecer abogados o contadores que acompañan a estos últimos… pero no son los únicos, desde hace años surgen personajes  que, en casi todos los casos, son “el mejor postor”.

Son integrantes de “La Liga”. Siempre trabajaron a la vista de todos y hoy, aparentemente, para participar en la subasta es necesario, casi obligatorio, arreglar con estos sujetos, que se llevan un porcentaje del valor de la venta, cuando no se quedan con el inmueble u objeto que se subasta.

La impunidad con la que trabaja “La Liga” es tal que desde hace muchos años sus integrantes no cuidan mínimamente los detalles. Son conocidos en cada localidad. Por lo general “reconocidos” vecinos, casi llegando al rango de honorables en algunos casos. No tienen problema en “sacar chapa” de La Liga.

Se juntan cotidianamente en algún lugar, que puede ser la vivienda de un chatarrero, el estudio de un abogado, la oficina de algún contador, un comerciante exitoso… cualquier sitio es bueno ya que no es necesario gran espacio físico. Allí se reparten la cobertura de las operaciones en el remate de turno.

“Parece una locura, pero te están esperando en la puerta del lugar donde va a ser la subasta y se ofrecen a comprar por vos por una comisión… y si les interesa la propiedad, se la quedan”, explicó una víctima de esta maniobra.

“Si están operando para un inversor, te hacen la vida imposible para que te bajes de la subasta, inflan el precio de la propiedad hasta que quedás afuera. Y si tenés suficiente respaldo para afrontar el remate soportarás el carácter intimidante, violento y mafioso de estos personajes, que no dudan en mostrarte un arma si fuera necesario”, dijo la misma fuente, que sufrió el asedio al adquirir un inmueble en el centro de Necochea.

“La Liga” es uno más de los focos de corrupción que tiene que ver con el estado de la ciudad. Está aceptada socialmente aunque se sabe que es el negocio de unos pocos que no dudan en utilizar metodologías mafiosas para lograr el objetivo. Es otro de los grandes secretos a voces a los que, lamentablemente la comunidad hace oídos sordos. Es más, es muy difícil que los propios martilleros o agentes inmobiliarios reconozcan abiertamente el accionar de la organización. Tal vez sea hora de que todos entendamos de qué manera se puede ir cambiando la realidad en la que estamos inmersos. 

Adriana Celihueta y los datos que no se pueden aportar

Desde hace 27 años, cada 15 de enero escribo sobre la desaparición Adriana Celihueta, en Necochea. En cada oportunidad procuro aportar un granito de arena para que de una vez por todas se conozca la verdad sobre qué pasó con ella.

Esta vez prácticamente no voy a escribir nada. No porque no haya datos para contribuir a esta causa olvidada por casi todos, sino porque ¿a quién le los doy?...  ¿a la Justicia?...  ¿a la Policía?...  ¿a los políticos?... Todos y cada uno de estos ámbitos sólo demostraron la falta de interés por esclarecer el hecho.

Para que prosperen las novedades descubiertas en los últimos dos o tres años, con el aporte de testigos que obviamente no están decididos a dar sus nombres ante ningún organismo, hay que sortear una serie de vericuetos legales que hace imposible desarchivar la causa que está en Tribunales de Mar del Plata. Yo agradezco a quienes contribuyeron con esos “datos”, cuyas identidades nunca serán divulgadas porque más allá de la ética y el secreto profesional, les di mi palabra. Pero, también es real que será mucho más dificultoso romper con esos resortes legales que, hoy por hoy, amparan mucho más al delincuente que a la víctima.

Es cierto que si a estos nuevos aportes, además de un giro periodístico, les diera un sesgo novelesco se podría llegar a estar ante un gran escándalo mediático, describiendo una vez más nombres de conocidos “poderosos”, algún político, varios policías, diversos integrantes del fuero judicial, y ex funcionarios del Estado que, cada tanto cuando recorre bares y se le suele escapar algún “secreto” de aquel 15 de Enero de 1987. Seguramente por estos días cuando se vuelva a hablar de Adriana Celihueta, se agrave su psoriasis. Si, es posible que ello pase.

Pero no voy a escribir porque sería poner en evidencia todo lo nuevo que existe para aportar a la causa, y como no se va a desarchivar, la gran novedad duraría sólo unos días. Aquí lo importante es que aparezcan culpables y que se haga justicia. Además, sigo con la secreta esperanza, de que algunos de estos “arrepentidos” que están aportando lo que dicen saber, se atrevan a firmar. Todo sería más fácil.

Revés para el doctor Pando en el caso Saúl Canessa

Después de 21 años desde que ocurrió en Necochea el caso Canessa, dos días antes de que prescribiera la última causa, la Justicia no dio lugar a una recusación planteada por la defensa del único condenado, Héctor César Pando. Saúl Canessa, un joven ajedrecista local, sufrió un accidente en su moto en avenida 59 casi esquina 60 y, vaya a saber por qué razón, en lugar de ser trasladado a un centro asistencial, efectivos policiales lo enviaron a una celda de la Seccional Primera. En esas circunstancias Canessa sufrió una “descompensación” que derivó en la internación en el Hospital Municipal “Dr. Emilio Ferreyra”, donde se agravó, y murió algunas horas más tarde en un nosocomio marplatense. Por este caso fueron procesados una veintena de policías, jefes, oficiales y suboficiales, y alrededor de 10 médicos. En el transcurso de un juicio oral y público, varios de los imputados quedaron fuera de la causa por prescripción de los plazos legales. Otros recibieron condenas tan pobres que nunca estuvieron presos, y algunos pocos resultaron absueltos. Entre los condenados quedó Héctor César Pando, quien por recursos judiciales fue prolongando en el tiempo la firmeza de la pena. Luego de recorrer distintos estamentos provinciales y federales, finalmente la Cámara de Apelaciones de Necochea rechazó el pedido de prescripción que la doctora Patricia Victoria Perelló había solicitado a favor del doctor Héctor César Pando, condenado en el caso Saúl Canessa, ocurrido el 20 de junio de 1992 en Necochea. La doctora Patricia Victoria Perelló había solicitado la extinción de la acción penal por el delito de “falsedad ideológica de Instrumento público” y que su defendido fuese sobreseído. Pero, la Cámara consideró que el 6 de diciembre de 2010 ese mismo organismo había dictado sentencia por la que rechazó el planteo de Perelló de declarar extinguida la pena por prescripción impuesta en su oportunidad a Pando de cuatro años de prisión, ocho de inhabilitación absoluta y cinco de inhabilitación especial para el ejercicio de la medicina, en cuyo pronunciamiento fue considerado autor penalmente responsable del delito de falsedad ideológica de instrumento público agravado, declarado por sentencia de fecha 24 de noviembre de 2001, que se encuentra firme, la pena de un año de prisión de ejecución condicional además de la inhabilitación absoluta por el doble tiempo de la condena y costas procesales. Contra esta sentencia, la defensa particular interpuso un recurso de Casación, que también fue rechazado con fecha 10 de marzo de 2012. Ante este rechazo, la doctora Perelló insistió interponiendo recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de nulidad ante la Suprema Corte de Justicia provincial, que también fueron desestimados por resolución del alto tribunal el 11 de Julio de 2012. Las patrocinantes del doctor Pando presentaron un recurso extraordinario federal, denegado el 26 de junio de 2013. Todas las instancias coincidieron en la improcedencia del planteo de las defensoras particulares de Pando, por lo tanto quedó firme la sentencia que se impuso al condenado a la pena de un año de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta por el doble tiempo de la condena y “corresponde dar comienzo con la etapa de ejecución de la pena”. Los jueces Marcela Fabiana Almeida, Oscar Alfredo Capalbo y Fabián Marcelo Loiza, secretaría de la doctora María Alejandra Ribes, fueron quienes rechazaron el recurso y pusieron fin a un proceso judicial que por dilatarse tanto en el tiempo ¿será justicia?

Juicios por Jurado

Por estos días mucho se habla de la casi segura aplicación de los Juicios por Jurado en la Provincia de Buenos Aires. De hecho el proyecto más avanzado en este sentido ya tiene media sanción en la Cámara de Senadores y se espera se trate muy pronto en Diputados. Este proyecto procura imponer un sistema igual al que se aplica en Estados Unidos: jurado puro, integrado por 12 jurados y seis suplentes. Será un proceso en el que el fiscal deberá probar el delito y la responsabilidad del procesado; el defensor, lo contrario; un juez escuchará a las partes, y por último el jurado, será el encargado de responder dos puntos: si existió el delito, y si el sospechoso es culpable o inocente. El monto de la pena será impuesta por el juez. Vale destacar que estos juicios sólo se llevarán adelante en caso de delitos que contemplen penas que superen los 15 años de prisión, tales como homicidios simple (quien mata a otra persona); homicidios calificados (por alevosía, el vínculo, ensañamiento, por participación de dos o más personas, por ejemplo. Son delitos que contemplan como única pena prisión perpetua). Los jurados serán elegidos según el sistema electoral que les proveerá las personas que pueden estar capacitadas para estar en el juicio. La secretaría electoral será la encargada de confeccionar una lista de 48 ciudadanos, y de estos sólo quedarán los 12 integrantes del jurado y los seis suplentes. Los principales requisitos a tener en cuenta son: ser mayor de 21 años y menor de 75; entender perfectamente el idioma nacional y tener más de cinco años de residencia en el país, principalmente en territorio bonaerense. No existen restricciones, más allá que tenga pleno entendimiento del lenguaje. Por otra parte, entre las facultades del fiscal y el defensor está la posibilidad de recusar a los participantes del jurado, si existiera alguna razón para hacerlo (descubrir animosidad en contra del imputado, por ejemplo, o que les comprendan las generales de la ley). De la misma manera, más allá de ser una carga pública, cualquier integrante del jurado podrá excusarse si fuera amigo de la víctima o del imputado; mantuvieran alguna deuda, etc.). El juez entregará un instructivo en el que se establecerá qué delito se estará debatiendo en la sala de audiencias. La función del Jurado (que no podrá hacer preguntas) será contemplar y escuchar todo lo que suceda en durante el debate para que al final vote sobre si ocurrió el hecho y si el imputado es culpable o inocente. En esta era en que todos los casos de la vida cotidiana están tan mediatizados, el proyecto contempla recluir al jurado, carentes de todo tipo de información, durante la duración del juicio. Esto evitará contaminación y/o presión al momento de decir su voto. Es una manera de conservar la imparcialidad e independencia que debe tener esta institución. “La idea es que esos ciudadanos elegidos como Jurado trabajen libremente”, explicó el doctor Gerardo Moreno, Defensor General de la Defensoría Oficial del Departamento Judicial Necochea en el transcurso de un reportaje. “La presión está… hoy por hoy, los jueces la tienen, al punto de culparnos a nosotros por temas de inseguridad porque otorgamos algún derecho a un imputado, conforme a lo que establece la ley”, y agregó que “esta determinación no es un capricho del juez, no es una cuestión arbitraria, sino que responde a una decisión jurídica. Por lo tanto la única discusión que se puede generar es si esa doctrina está aplicada o no al caso en cuestión”. Aislar al Jurado evitará este tipo de presión. Otro punto importante a destacar es que si el Jurado establece la no culpabilidad del imputado, la sentencia es irrecurrible. En este caso, la persona se va libre desde el recinto, y el fiscal no podrá acudir a una instancia superior para apelar el fallo. El único que tiene la posibilidad de recurrir la sentencia es el imputado cuando es condenado. El requisito de mayoría indica que de los 12 miembros, 10 deben coincidir en el fallo. No obstante, en casos de delitos con penas que contemplen prisión perpetua, se requiere unanimidad. Si no se llegara a esa mayoría se votará dos veces y hasta tres. Si no se destrabara la votación, el fiscal tendrá que desistir de la acusación porque no se llegaría a la imputabilidad de la persona acusada. El juez Gerardo Moreno reflexionó: “La Constitución Nacional en los artículos 74, 75 inciso 12 y en el 118, hace 160 años ya establecía el juicio por jurado y nunca se instauró en el país. Por interpretación habla del jurado como forma de sistema de justicia criminal y permite la participación de la gente. Restar esta posibilidad es subestimar al ciudadano que está capacitado para votar en un juicio… Implementar el juicio por jurado es verdaderamente hablar de una democratización en la Justicia, y no con la que se intentó hacer”… Sin dudas, un razonamiento a tener en cuenta.