domingo, 25 de julio de 2010

La Fiscalía Escondida

Teniendo en cuenta la línea ascendente en materia de delitos en la provincia de Buenos Aires, si se le planteara al gobernador Daniel Scioli que está invirtiendo escasos fondos en seguridad, seguramente responderá que lo está haciendo mucho más que antes. Mirando el presupuesto se puede advertir que no está mintiendo, pero esas partidas, muchas de ellas, están destinadas a reforzar la estructura judicial, dejando de lado elementos importantes en materia de seguridad: móviles, armamento adecuado, tecnología, penitenciaría, etc. En este momento, por ejemplo, las cárceles están sobresaturadas, con presos hacinados.
Ante situaciones como estas, los jueces son reticentes a enviar gente a los penales. Por eso es notable la aplicación de beneficios a procesados como excarcelaciones o métodos alternativos a la prisión preventiva. Esto en la calle es graficado con la reiterada frase: “los presos entran por una puerta y salen por otra”, en apariencias con total impunidad.
Haciendo una mirada microscópica de esta realidad, en jurisdicción del Departamento Judicial Necochea, esta sensación es palpable. Parece que los magistrados de Necochea no escapan a este contexto, aunque, se pueden apreciar posturas más férreas (¿por qué no imitables?) en los Departamentos Judiciales de Azul o Bahía Blanca, por ejemplo. A favor de la postura de los funcionarios judiciales necochenses se puede adicionar la falta de un penal a disposición de su Departamento Judicial.
Donde se hace agua es en la investigación de los hechos. La sobresaturada pasividad de la Fiscalía General tiene directa relación con esta circunstancia. A simple vista se observa carencia de apoyo a sus fiscales; falta de fiscalización; al parecer no brinda apoyo jurídico a los funcionarios a su cargo.
Es más, el fiscal general estaría tan divorciado de la realidad que tiene su oficina a varias cuadras del lugar donde los fiscales ordinarios desarrollan sus funciones, y la conocen como “la fiscalía escondida”.
En la actualidad se sabe de antemano que, por ejemplo, el robo en una vivienda no va a ser descubierto. En realidad, las denuncias se radican en la mayoría de las veces para cobrar el seguro. Pero se sabe que esos casos no se dilucidan casi nunca.
Por otra parte, los juicios orales casi ninguno se terminan. Son los propios fiscales quienes proponen a los abogados defensores la realización de juicios a prueba. “A nuestros clientes lo favorecen porque no quedan detenidos, pero, cada instrucción de esta, en un 80 por ciento está mal hecha”, coincidieron abogados consultados por LCo. Estamos frente a una deformación de la estructura judicial que atenta contra los problemas de seguridad, porque las reglas de excepción se han convertido en habitualidad.
Es cierto que esta imperfección no es nueva. Comenzó en el año 98 como consecuencia de la reforma penal. Antes las causas eran instruidas por la Policía y, en alrededor de ocho meses estaban en manos de los jueces de un tribunal. Hay que destacar que los antecedentes de reincidencias del procesado en esa época tardaban alrededor de seis meses. Hoy las investigaciones son mucho más rápidas si se tiene en cuenta que para conocer si un procesado es reincidente, es cuestión de algunos minutos ya que esta certificación está informatizada. Sin embargo, para llevar a alguien a juicio se demora más o menos lo mismo que en el año 1998.
No caben dudas que una de las patas en la que se apoya la falta de seguridad reinante está en la Fiscalía. Las investigaciones deben ser rápidas y certeras, para ello hoy existe una estructura muy superior a la de 12 años atrás, sobrecargada de personal que cobra importante sueldo haciendo las cosas bien o mal. Es necesario que las haga bien y para ello la cabeza es quien debe salir de su estado de pasividad. Avanzar en este sentido es importante, para luego poder arreglar las otras patas que faltan.
Publicado en La Ciudad Oculta
oscargollnitz@gmail.com

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