Justicia: Cuando lo extraordinario se convierte en cotidiano

Poco se entiende la actitud de algunos jueces o funcionarios de la Justicia que, ostentando la bandera de “hiper garantistas”, brindan beneficios exagerados a delincuentes que son condenados a muchos años de prisión. Es cierto que los magistrados tienen la potestad de utilizar este recurso que, por su uso indiscriminado, se convirtió en cotidiano. Pero no es menos real que el juez también puede no otorgar esos beneficios. Para el común de la gente no es grato ver como muchos delincuentes considerados de extrema peligrosidad, que no dudaron en asesinar, están tranquilos en sus casas o hasta se los puede ver caminando en la calle ostentando impunidad. Ni hablar de aquellos familiares que perdieron a seres queridos a manos de estos delincuentes que fueron condenados por otros jueces, pero que, la misma Justicia le permite estos regímenes y beneficios. ¿No existen veedores para observar estos casos? Sobre todo, teniéndose en cuenta que estos beneficios son otorgados casi en exclusividad por unos pocos jueces, generalmente cuando están de turno durante las ferias. ¿Es regular esta situación? ¿No existe ningún organismo que le llame la atención la cantidad de beneficios que se conceden con la misma firma? Algunos casos irritantes Claudio César Luvió fue hallado responsable del asesinato de Mariano Kloster, de 19 años, en el 2003. Un Tribunal lo condenó a 22 años de prisión en la Unidad Penitenciaria de Batán. Sin embargo es frecuente ver a Luvió en su casa de calle 76 al 4300. Los vecinos aseguran que hace algunos años llegaba el camión celular una vez al mes. “Estaba alrededor de una hora y media o dos, y después se lo llevaban de nuevo”, expresó una vecina. Ahora, dijo otro informante que pidió reserva de su identidad, “es habitual verlo en su casa”. A mediados de enero de 2007 (época de feria) fue autorizado judicialmente a permanecer cada tanto, dos horas en su casa, “por acercamiento familiar” Un año más tarde, también durante la feria judicial, Luvió pidió que “le fijen todos los meses” ese beneficio, que no está previsto legalmente. No obstante se acordó “salidas excepcionales, siempre que sean fundadas” por el condenado. Cuatro años más tarde, los vecinos de la calle 76 dicen que ven a Luvió con asiduidad. La medida se sustentó en que anteriormente fueron resueltos de manera favorable otros casos que tuvieron por protagonistas a sangrientos delincuentes. Por ejemplo: Sergio Aníbal Olivera, autor de la muerte de Marcelino Javier Huerta, asesinado de seis disparos en junio de 2003. Aníbal Ignacio Parrado, condenado por “robo doblemente agravado”. Miguel Angel Chantada responsable del delito de “homicidio en ocasión de robo en concurso real o material; privación ilegítima de la libertad; encubrimiento agravado en concurso real o material con encubrimiento”, en perjuicio del estanciero Carlos Justo Stemphelet, ocurrido a principio del 2005. La facultad de los magistrados de otorgar o no estos beneficios debería, por lo menos, fallar favorablemente en casos excepcionales como lo indica el espíritu por el que fue creado. No a todos, mucho menos a condenados que han sido privados de su libertad por asesinar a semejantes. Estas actitudes no hacen otra cosa que irritar a la sociedad, hoy tan sensible sobre todo en materia de seguridad. Ver a convictos en la calle también promueve esa sensación de fragilidad.

Periodismo: Manual sobre lo que no corresponde

El tratamiento de la información sobre las jóvenes muertas en la provincia de Salta es un “excelente manual” sobre lo que no corresponde en materia de periodismo. Lamentablemente este no es el único caso, pero es el que en este momento está en medio de la tormenta donde minuto a minuto se ventilan hipótesis del hecho haciendo hincapié en un posible suicidio, con un tratamiento que raya la liviandad. Lejos quedó la recomendación sobre evitar la publicación de suicidios a menos que se trate de casos de ostensible valor informativo ya que, estudios así lo comprueban, suelen desatar hechos similares de otras personas que puedan pasar por situaciones parecidas. Es una muestra más de que las empresas periodísticas, y algunos periodistas también, prefieren acentuar la acumulación de dinero y poder, antes que la ética por la que lucharon tantos colegas. De hecho, hasta hace algunos años, en cualquier redacción los periodistas que comenzaban a transitar por este hermoso oficio o profesión eran advertidos de evitar la palabra suicidio en los titulares. También invitaban a que, al momento de difundir el caso, se acompañe con información sobre las alternativas de atención que dispone la sociedad para atender esta problemática, tal el caso de hospitales, centros de atención sanitaria, psicólogos, etc. Considerando la importancia que tiene la tarea de comunicar, es evidente que en estos tiempos quedó de lado la dimensión ética de la información. Hasta que los medios y sus periodistas no asumamos ese desafío será muy difícil que comprendamos y nos concienticemos sobre la responsabilidad social que implica el manejo de la información como bien social.

Déjà vu

“Cualquier sociedad que renuncie a un poco de libertad para ganar un poco de seguridad, no merecen ninguna de las dos cosas”. Benjamin Franklin Finalmente parte del Distrito de Necochea comenzó a hartarse. Tal vez no por solidaridad, sino por haber vivido malas experiencias, un importante número de vecinos salió a la calle a reclamar por seguridad. La marcha fue como un flash de la memoria en la que se sintió que la situación se había vivido antes. Sin embargo ocurrió, fue real, tan innegable como el reclamo que tantas veces ya se hizo en Necochea. Tan idéntica que la convirtió en déjà vu. Vecinos se autoconvocaron por segunda vez en poco tiempo, recorrieron el centro de la ciudad, reclamaron frente a la Departamental de Policía y finalmente intentaron hacerlo en la Municipalidad. Pero el intendente no apareció. Recién al otro día el profesor Horacio Tellechea admitió que “tal vez haya sido un error no recibir a los vecinos”. Argumentó también el temor de que su presencia pudiera provocar violencia dado las características del reclamo. Inmediatamente, y para enmendar la evidente falta de cintura política para estar a la altura de estos acontecimientos, se reunió con las caras visibles de la marcha y algunos representantes del empresariado local. Entonces propuso recolectar 20.000 firmas para hacer el reclamo correspondiente a la Gobernación de la provincia de Buenos Aires, apoyando la iniciativa de la gente. En realidad, este paso debería haber sido a la inversa: el intendente exigiendo, con el apoyo de la gente. No obstante, lo importante es que se puso en marcha la rueda de este carro que pretende solucionar lo que debe hacer el Estado. La tensión que ya no se puede disimular en la población, hizo que en pocas horas llegara a Necochea el Superintendente de Seguridad Zona Interior Sur, comisario general Héctor Abel Maggi. Este funcionario que tiene a cargo la jurisdicción comprendida entre Mar del Plata y Bahía Blanca, prometió que llegarán a Necochea 55 efectivos policiales para reforzar la seguridad en el Distrito durante las vacaciones de invierno. ¿Y después? ¿Qué va a pasar? ¿Todo quedará como hasta antes de las marchas? Otra promesa fue la de conformar en el Barrio Nueve de Julio una base operativa. Esta proposición sí que es déjà vu. En ese lugar ya se prometieron destacamentos, subcomisarías, una sede de Bomberos, Caballería… Tal vez lo más serio que se escuchó fue la implementación del programa “corredor seguro” que consiste en controles a los pasajeros de taxis y remises en los ingresos y egresos de los barrios. En este trabajo, de llevarse a cabo, se articulan personal de la Policía y los taxistas o remiseros. Después poner casillas en los accesos a Necochea y Quequén con un policía, en realidad es castigar al efectivo que le toque estar, indefenso, en esos puestos. “Este es un tema que nos preocupa y nos ocupa. Es por eso que estamos viajando en busca de ir consiguiendo soluciones a este importante problema que aqueja a nuestro Distrito”, expresó Tellechea al pedir una audiencia con el ministro de Seguridad y Justicia bonaerense, Ricardo Casal. También se esboza la posibilidad de que este funcionario provincial y parte de su equipo viajen a Necochea. Este tipo de soluciones, como la posible visita del ministro, no puede verse más que como un paliativo. Se necesitan medidas de fondo y menos visitas para decir cosas que tantas veces han prometido y se han cumplido a medias, o directamente no se hicieron. Aquí es donde la población debe ser fuerte. El compromiso de la ciudadanía ejerciendo el control de los actos de gobierno es la herramienta que se tiene que fortalecer. De hecho, entre 3.500 y 5.000 voluntades que salieron a reclamar seguridad provocó la inmediata llegada de funcionarios, la promesa de otras visitas, y varios parches para calmar ánimos Prevención e investigación Necochea no es una isla en Argentina. Sufre las mismas dificultades y desafíos que el resto del país. La Nación se tiene que hacer cargos de sus problemas y retos, como también cada provincia debe bregar por los suyos. Los distritos tienen que pugnar por el bienestar de sus vecinos. Aquí es donde deben estallar las voluntades. El intendente del Distrito, como principal responsable político de la seguridad de su población, debe reclamar por las anomalías que se puedan producir en organismos que dependan de la Provincia o Nación. Siempre se dijo que el jefe comunal no puede interceder, por ejemplo, en el ámbito de la Policía. Sin embargo, existen innumerables pruebas de las veces que intendentes han hecho cambiar a jefes de dependencias y hasta de las departamentales. O han pedido por alguno de su confianza, generalmente del mismo color político. Con estos antecedentes, bien puede el intendente saber cuál es el presupuesto que le corresponde a la policía del Distrito a su cargo. ¿Es suficiente? ¿Alcanza para cubrir todas las necesidades que permita hacer una prevención correcta? ¿Hay suficiente número de efectivos? ¿Y móviles? ¿Están equipados los policías con los elementos necesarios? ¿Los chalecos antibalas, están en condiciones? ¿Los uniformes, se los tienen que seguir comprando los propios agentes? ¿Se le habrá planteado esta situación al comisario general Maggi? Son preguntas básicas, a las que se les pueden sumar otras: ¿Alguien sabe la cantidad de policías que están afectados a hacer notificaciones? En la era de la computación ¿hace falta destacar a efectivos para esta tarea, cuando en realidad son necesarios para otros trabajos? ¿Tienen en las dependencias suficientes computadoras y papel? ¿Qué pasa con la cantidad de policías que permanecen en ámbitos de la Justicia? ¿Y los que deben trasladar a presos? La afectación de estos efectivos a otras actividades debilita la prevención… Anunciar que van a traer 55 policías de refuerzo sólo para las vacaciones de invierno, es poco serio ante una realidad angustiante que ya movilizó a casi cinco mil personas en Necochea. El intendente de un pueblo tampoco puede desconocer el reducido número de policías que está a cargo de la investigación de los delitos, desde los más simples, hasta los más graves. Tampoco debe ignorar la carencia de peritos, elementales en cualquier pesquisa. Todos estos reclamos se deben hacer a la Provincia, a través de Maggi, o del propio Casal. Estas son las voluntades por la que un pueblo se está poniendo de pie. La Justicia y la seguridad Todos los operadores de la Justicia tratan de despegarse de la cuestión seguridad. “Cuando las causas llegan a nuestras manos, es porque ya existió el delito” y “falló la prevención”, sostienen a manera de abrir un paraguas para no resultar mojados con el tema. Esta aseveración siembra el descontento social y crea sensación de inseguridad. Sobre todo cuando se dan a conocer fallos irritativos sustentados en verdaderas “chicanas” judiciales que, en muchos casos, se pueden obviar. A modo de ejemplo, una situación que se puede dar a corto plazo. A mediados de abril de 2007, el Tribunal Criminal Nº 1 del Departamento Judicial Necochea aplicó severas penas para los imputados del asesinato del estanciero Carlos Stemphelet, en un hecho ocurrido dos años antes. Miguel Angel Chantada y Raúl Alejandro Hernández fueron hallados responsables por el tribunal que integraron los jueces Pablo Noel, Luis Raffaghelli y Aldo Martínez de los delitos de “privación ilegal doblemente agravada” de Stemphelet y su esposa, y posterior muerte del estanciero. Impuso la pena de 30 años de prisión. En tanto, Eduardo Camino, fue condenado a ocho años de prisión por encubrimiento. El abogado defensor de Chantada interpuso una serie de apelaciones que motivó que en la actualidad la pena establecida hace siete años, aún no esté firme. Esta situación deja a Chantada bajo la figura jurídica de prisión preventiva. Para el defensor, la prisión preventiva es contraria al principio de estado de inocencia ya que para él todavía no se demostró su culpabilidad, al menos hasta que un tribunal superior al que lo condenó diga lo contrario. Según trascendió el abogado va a pedir la libertad de Chantada (condenado oportunamente por otros hechos graves), al menos hasta que se expida el altísimo tribunal al que elevó la apelación. No obstante aguardaría que esté en turno algún juez lo suficientemente “garantista” que permita esa libertad. Sabe el letrado, que con otros jueces, aplicando el mismo Código, no otorgarían ese beneficio. ¿Acaso estas situaciones no generan inseguridad? Además, de qué seguridad se puede hablar cuando hace meses desapareció drogas de un tribunal y hasta ahora no se conoce ningún responsable por esa irregularidad. Mucho más se podría escribir de situaciones que tienen que ver con este estado de inseguridad. Desde los “vicios” estructurales de Policía, la Justicia, los secretos a viva voz sobre traficantes de drogas, los desarmaderos, los “reducidores”, la prostitución, el juego clandestino etc, que tanto se habla y que poco se investiga. Oscargollnitz@gmail.com

A seis años del asesinato de Alfredo Marcenac

Mónica Bouyssede y Adrián Marcenac recordaron a su hijo Alfredo Marcenac, asesinado el 6 de Julio de 2006 en la ciudad de Buenos Aires a mano del “tirador de Belgrano” como se conoce a Martín Ríos, autor del homicidio. El matrimonio necochense encabezó el acto que se llevó a cabo el viernes 6 en la intersección de Cabildo y José Hernández, donde fue pintado un mural que recuerda al infortunado Alfredo. Los Marcenac siguen buscando y reclamando cambios para que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir. En un comunicado de prensa, el matrimonio sotuvo que “la muerte de nuestro hijo tuvo un responsable directo, el asesino Martín Ríos (aún sin condena), quien disparó contra un grupo de personas, matando a Alfredo. Pero también varios corresponsables, que generaron las condiciones para que esto sucediera, entre ellos los funcionarios del Estado que le otorgaron el permiso como legítimo usuario, para gatillar”, expresó. Asimismo, pidió al Tribunal Oral Criminal N° 26, que interviene en la causa que condene al responsable de asesinar a su hijo, ya que “se trata de una persona peligrosa y violenta que volverá a matar si sale en libertad”. En la actualidad Ríos permanece internado en la Unidad Nº 20 del Hospital Neuropsiquiátrico Borda, tras el juicio oral y la decisión del Tribunal Criminal Nº 12, de Capital Federal, de declararlo “inimputable” por considerarlo “esquizofrénico”, fallo que fue apelado. Por otra parte, reclama al cuerpo médico forense para que inicie una investigación administrativa por el diagnóstico de esquizofrenia de los médicos psiquiatras que intervinieron en la causa. Por último, pide al Estado que cambie el sistema de financiamiento del Renar (Registro Nacional de Armas), organismo encargado de controlar las armas de fuego en el país, que continúa financiándose a través de la Asociación de Industriales y Comerciantes de armas (Aicacyp). “O sea que quienes controlan, son financiados por los controlados”. Reclama también que “se realice un control responsable y serio del comercio de las armas, impidiendo el flujo al mercado ilegal; que se implementen políticas activas en relación a la búsqueda y persecución penal de las armas del mercado ilegal y las vinculadas al delito y que cumpla con la destrucción de las miles de armas acumuladas en los depósitos judiciales”. “Como víctimas de las armas de fuego reclamamos, exigimos y esperamos que los poderes del Estado cumplan sus funciones con honestidad, seriedad y celeridad. Nuestro hijo, murió por la ineficiencia del Estado argentino para controlar un mercado peligroso, capaz de terminar con la vida de muchos ciudadanos”, concluyó la familia Marcenac.