martes, 26 de junio de 2012

Todo mal… para que funcione mal

Bookmark and Share Desde hace dos años está en tratamiento el proyecto que pretende que el financiamiento del Registro Nacional de Armas (Renar) sea responsabilidad del Estado y deje de estar en manos de un ente privado. El sistema de financiamiento del Registro Nacional de Armas (Renar) está a cargo de un ente cooperador denominado Aicacyp, que agrupa a los fabricantes y comerciantes de armas, y no lo hace el Estado como debería ser. Para trazar un ejemplo burdo, a esta situación se la puede comparar como la de dejar a un zorro al cuidado de las gallinas en un gallinero. Vaya a saber por qué oscuros intereses, ningún funcionario público, como tampoco del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se esfuerza para cambiar el sistema de financiamiento y hacerlo como lo exige una política pública de control de armas de fuego, municiones y explosivos. En este sentido, la Red Argentina para el Desarme (RAD) dio a conocer recientemente un comunicado que tituló “¿Por qué no se quiere cambiar el sistema de financiamiento del Registro Nacional de Armas en Argentina?”. “Entendemos que no puede pedirse a la sociedad civil que se desarme, mientras el Estado no se ocupa de un aspecto estratégico para el control de las armas como es el sistema de financiamiento del Renar”, especificó el comunicado, previo recordar que Argentina “asumió como política pública el desarme de la sociedad civil”. Esta situación, inaceptable si se emplea el sentido común, fue denunciada en reiteradas oportunidades por la RAD, organismo que participó en la creación y acompañó el Programa de Entrega de Armas. “Desde hace seis años estamos pidiendo la creación de una Agencia Nacional de Control de Armas y Explosivos; políticas activas y multidimensionales contra la violencia armada, encaradas a partir del control y fiscalización del material controlado; la persecución penal del mercado ilegal de armas y la promoción firme y sostenida de una cultura de paz y de desaliento a la utilización de armas”, en la certeza de que el armamentismo contribuye al crecimiento de la violencia social y socava los fundamentos de la vida en democracia. Cabe recordar que la Agencia Nacional de Control de Armas y Explosivos (Ancae) presentó el Proyecto 0086-S-2010, que cuenta con media sanción del Sanado de la Nación. No obstante en la Cámara de Diputados, su tratamiento pasó a la Comisión de Seguridad Interior, donde descansa desde octubre de 2010. Este proyecto propone la creación de un nuevo organismo encargado de diseñar, ejecutar, monitorear y evaluar políticas públicas de desarme y control de armas en el país, reemplazando el sistema actual de financiamiento. El comunicado de la RAD cuenta con la adhesión del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip); Fundación Espacios para el Progreso Social; Fundación Lebensohn; Asociación Alfredo Marcenac; La Casa del Sur; Asociación para Políticas Públicas; Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (Ilsed), Madres del Dolor; Sr. Dante Piccioli, padre de Pablo Piccioli, víctima de la violencia con uso de armas; Sr. Martín Appiolaza, director del Centro de Estudios de Seguridad Urbana (Uncuyo); Sr. Andrés Rodríguez, víctima de la violencia con armas. oscargollnitz@gmail.com