“Tapando agujeros” en materia de seguridad

Conceptos como “estamos tapando agujeros” o “en la actualidad la ley que tenemos es ésta y es la que debemos aplicar” no dejaron conformes a los vecinos que se autoconvocaron en la capilla Sagrada Familia, ubicada en la intersección de las calles 72 y 73 de Necochea, en procura de encontrar un alivio a la inseguridad que sienten ante la ola de robos y ataques de delincuentes. La disconformidad fue mayor porque quienes vertieron estos dichos fueron los propios representantes de la Justicia ordinaria y de la Policía bonaerense que participaron de la reunión. También compartió la opinión la flamante directora de Seguridad de la Municipalidad, Karina Chatelain, aunque calmó bastante a los vecinos cuando aseguró que “se están haciendo las gestiones correspondientes para que (al distrito de Necochea) vengan otras fuerzas todo el año, como Gendarmería, mayor cantidad de efectivos de la Policía Federal, Caballería de la Policía de la Provincia de Buenos Aires”, con la intención de que haya mayor prevención.
Coincidió el casi centenar de vecinos en que “es necesario cambiar las leyes”, pero también entendió la imposibilidad de hacerlo desde ese ámbito donde predominó la catarsis y demostración de impotencia ante el avance continuo de la delincuencia. “Los vecinos honestos estamos encerrados tras las rejas que nosotros mismos ponemos, mientras los ladrones caminan libremente por las calles”, dijeron.
Además de la representante del municipio, estuvieron el segundo jefe Distrital de la Departamental de la Policía bonaerense, comisario inspector Pablo Bueno;  el jefe de la Seccional Primera, subcomisario inspector Jorge Tarante; el titular de la Fiscalía 30, Roberto Mirada; los instructores judiciales Carlos Larrarte y Diego Alvarez.
Más allá de que los vecinos decidieron formar una red solidaria barrial, a través del uso de celulares y teléfonos, en la reunión quedó en claro la imposibilidad de revertir la sensación de inseguridad que se vive. Al menos a corto plazo.
Se supo, por ejemplo, que ese mismo día los móviles policiales afectados al servicio de cuadrículas de prevención en que está dividido el Distrito estuvieron fuera de servicio. No había combustible para poner en marcha a los patrulleros, pese a que el dinero debería estar ya que proviene de los fondos afectados a los vecinos, que lo aportan a través del recibo de la luz. “No hay combustible por una cuestión burocrática. No están aceitados los mecanismos, y esto ocurre a menudo”, se lamentó un policía.
También quedó al desnudo otra realidad. La operatividad de los policías que están en la calle no es ciento por ciento. Y no es casual. Por citar un ejemplo, parece que los chalecos antibalas que deben utilizar para protección están vencidos. Cualquier lesión o herida en acción,  le significa al efectivo un grave problema porque no contará con la cobertura de la ART, con todo lo que ello significa. “Y… yo me cuido”, aseguran que dicen los agentes, con mucho de lógica más allá de que cobren algún plus por el trabajo riesgoso que desempeñan… Así se pueden enumerar otros inconvenientes que se enteraron los vecino.
No obstante la reunión fue positiva. Comenzó a tomar forma una red solidaria vecinal como paso importante; obtuvieron los teléfonos de jefes policiales y el de la directora de Seguridad de la Municipalidad; también el compromiso de traer a Necochea a otras fuerzas de seguridad para todo el año. Y lo más importante, el pedido de explicaciones a las autoridades sobre un tema por el que deben bregar y que hoy por hoy, está haciendo agua.

No maten al cartero

Matar al cartero porque lleva malas noticias es inútil y claramente poco aconsejable. Siempre es saludable comprobar que en la Argentina funcionan los resortes institucionales cuando en algún grado la libertad está amenazada. De hecho, hace muy poco el juez Alejandro Catanea pidió datos personales sobre los periodistas de varios diarios que informaron sobre la inflación. Esta iniciativa generó advertencias de Adepa (Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina); Fopea (Foro de Periodistas); críticas constructivas en la prensa, una sólida repercusión muy negativa en la opinión pública y el rechazo de los diputados de la Comisión de Libertad y Expresión.

Más que preocuparse por los domicilios, teléfonos y contactos de los periodistas, fiscales y jueces deberían cuidar para que a la comunidad le llegue toda la información, de manera clara, sin tapujos ni vueltas. Mucho menos se debe minimizarla u ocultarla.

De eso se trata la insistencia en saber qué fue lo que sucedió con la droga desaparecida en el Juzgado Federal de Necochea. O al menos, qué alguien explique cómo sucedieron los hechos, qué se hizo para recuperar el estupefaciente robado o, mínimamente, si se está investigando.

Sin embargo, parece que el citado Juzgado está más preocupado en recuperar las grabaciones por las notas realizadas a este periodista en relación al hecho, que en velar para que la sociedad tenga la información que requiere… Es inútil matar al cartero porque lleve malas noticias…

Robo de drogas en el Juzgado Federal de Necochea: "Al César lo que es del César"

“Al César lo que es del César”. Lisa y llanamente quien recordó esta célebre frase dejó deslizar que la droga que desapareció del Juzgado Federal de Necochea habría vuelto al circuito callejero a poco de ser secuestrada durante un procedimiento policial llevado a cabo hace algunos meses.

Como era de esperarse, nada más se ha dicho sobre esta irregularidad preocupante. La desaparición de seis kilos de droga del mismísimo lugar donde debe ser cuidada es una situación grave por más que se la quiera minimizar o ignorar. Tan grave que, desde el propio Juzgado parece que se decidió, una vez más, hacer silencio total.

Vale recordar que en el Juzgado Federal de Necochea un funcionario, de importante jerarquía en el ámbito judicial, denunció la violación de la puerta de su despacho y sustracción de seis kilos de drogas, producto de un procedimiento callejero.

Los “fusibles” de esta situación fueron los custodios, inmediatamente relavados. Pero nada se conoce oficialmente sobre si realmente se inició una investigación tendiente a saber a dónde fue a parar esa droga o de qué manera se produjo el robo.

Lo cierto es que llama la atención el lugar elegido para guardar la droga, cuando al parecer existirían al menos tres cajas de seguridad dentro del propio Juzgado.

Esta situación por sí sola amerita conocer la responsabilidad de cada integrante del propio Juzgado Federal. Sin embargo, trascendió que en poco tiempo más podrían cerrar el caso porque “no hay manera de investigar” ya que “no existe ningún hilo conductor que nos permita establecer la manera en que fue sustraída esa droga”.

Fácil la resolución, pero totalmente cargada de sospechas, sobre todo al mismo Juzgado.

Fernando Bravo en Necochea

Fernando Bravo, el conductor del programa radial “Bravo Continental” destacó “la libertad absoluta que tengo para trabajar”, y explicó que “el único contratiempo es que “ante un pensamiento crítico que podamos tener cualquiera de nosotros por alguna cuestión que emane del Gobierno central, lo posterior es el hostigamiento, el descrédito, la agresión, la descalificación, la desvalorización y supuestamente, en algunos casos, el pretendido exhumar el pasado en tal o cual periodista que lo único que hace es cumplir con su trabajo, lo único que hace es tener una mirada crítica porque creo, que la mirada crítica es parte del ADN del periodismo”.

Al respecto añadió que “porque para aplaudir están los hechos por sí solos. Si un determinado gobernante genera un hecho positivo para la sociedad, bienvenido sea. Pero está el hecho en sí que realmente representa ese gesto de generar algo en beneficio de la sociedad”

“Acá el Gobierno en muchas oportunidades convoca como si fuera pancartas la Asignación Universal por Hijos -expresó el locutor de Radio Continental- y me parece que es una idea extraordinaria, que es muy bienvenida para toda la sociedad. Era de un partido opositor la idea, y el gobierno la tomó como propia. Eso no está mal. Y me parece extraordinario que lo lleve adelante.

En su paso por Necochea, y respondiendo a preguntas del público durante la presentación de su libro, en la X Edición de la Feria del Libro y de las Artes, el locutor también se refirió a los escraches de los que fue víctima. “Pensé que era una época absolutamente superada en tiempos democráticos, porque la democracia es precisamente eso: los mayores signos de tolerancia ante la opinión diferente a la que pueda tener yo. Ahora si yo opino y tengo una mirada crítica ante determinada situación que se está planteando y como única respuesta tengo que un grupo me persiga tres cuadras gritándome de todo, o que de pronto tenga que salir con custodias de mi lugar de trabajo me parece que estamos distorsionando la idea de lo que es la democracia”, concluyó Bravo.

¿Qué pasó con la droga desaparecida en el Juzgado?

La desaparición de un alfiler dentro de un juzgado es, o al menos debiera ser, considerado una irregularidad importante. Ni hablar si lo que falta es material en custodia producto de algún procedimiento. Mucho más si el faltante es droga… Esto último fue lo que ocurrió en el Juzgado Federal de Necochea hace poco más de 10 días y todo lo que se gestó hasta el momento fue un gran manto de silencio alrededor del caso. Todas las puertas del citado juzgado se cerraron a quienes intentan saber qué pasó; si se está investigando, si se sabe algo al respecto. Obvio, todo lo que huela a periodista no parece ser bien visto en el primer piso del edificio ubicado en la esquina de 56 y 61. Vale recordar que hace dos viernes atrás, alrededor del mediodía, un funcionario del Juzgado Federal de Necochea advirtió, y lo hizo saber a gritos, que desconocidos violentaron la cerradura de la oficina en la que había droga y dinero secuestrados durante un procedimiento realizado hace algunos meses. La medida inmediata fue relevar a la custodia del edificio, a cargo hasta ese momento de Policía Federal, y poner en su lugar a efectivos de Prefectura Naval. A modo de prevención hasta tanto se deslinden responsabilidades, tal vez la determinación fue adecuada. Pero lo sucedido es mucho más grave como para tomar únicamente esa medida. Hace falta una investigación tendiente a saber quién se llevó la droga y recuperarla. También establecer el grado de responsabilidad de cada uno dentro del Juzgado. De la misma manera que parece se sospecha de los policías relevados, se impone saber a quién se le ocurrió guardar la droga en una oficina y no en una caja de seguridad. Por el momento hasta se puede pensar que no se trató de una simple distracción. Hasta que se establezca esta anormalidad, todos los integrantes del juzgado son tan sospechosos como los policías de la Federal afectados a la custodia.
El silencio por parte de las autoridades se suma a los comentarios cargados de sospechas. La falta de información no hace más que acrecentar las dudas sobre lo ocurrido. Hay que tener en cuenta que el faltante no fue en cualquier lugar, sino en el mismo sitio donde se debe impulsar la investigación de ilícitos cometidos en la órbita federal. Para algunos memoriosos, conocedores de los movimientos habituales del Juzgado, no pasó desapercibido que los funcionarios que ahora deberían prestar declaración para deslindar responsabilidades, podrían ser los mismos que en otras oportunidades aparecieron al menos nombrados en causas que tomaron estado público. En esos casos, igual que ahora, se cerraron las puertas a todo lo que se pudiera transformar en información. El tiempo se encargó de fomentar el olvido y nadie, salvo los involucrados, supo lo que ocurrió realmente. “Silencio de radio” dijeron en ámbitos policiales. Por citar un ejemplo, antes de jubilarse la primera jueza, doctora Torterola, dicen, comprobó cómo algunos funcionarios facilitarían expedientes a abogados que defendían a involucrados en esas causas. Ello motivó la expulsión del Poder Judicial de quienes aparentemente participaron de las maniobras prohibidas. Avalados por algún padrino político, cuando se produjo el retiro de la magistrada, los sospechosos volvieron a sus cargos. Estos integrantes del Juzgado Federal podrían ser algunos de los que hoy deberían dar explicaciones respecto de la desaparición de las drogas. Otro caso más reciente en el que tuvieron que declarar fue cuando participaron del allanamiento en un departamento en Villa Díaz Vélez, oportunidad en la que fue descubierto un verdadero depósito de prendas de vestir y perfumes ingresadas al país sin contar con el correspondiente sellado de Aduana. La presencia de algún medio periodístico y las imágenes exclusivas que se tomaron en el lugar no pasaron desapercibidas a los involucrados que denunciaron el supuesto tráfico de información proveniente del mismo riñón del Jugado Federal. Entonces los mismos funcionarios se encargaron de frenar todo tipo de información… igual que ahora.

¿Robo? en el Juzgado Federal de Necochea

La aparente desaparición de varios kilos de drogas y, presumiblemente, dinero del interior del Juzgado Federal de Necochea podría desembocar en un verdadero escándalo de llevarse a cabo la correspondiente investigación tendiente a dilucidar de qué manera se habría producido el hecho. Por el momento parece ser que el hilo se cortó por la parte más delgada, y toda medida que se habría tomado fue desplazar a la Policía Federal de la custodia del edificio ubicado en la intersección de las calles 56 y 61, y poner en su reemplazo a efectivos de Prefectura Naval Argentina con asiento en Puerto Quequén. La droga en cuestión sería la misma secuestrada en un procedimiento llevado a cabo en la interceptación de un automóvil. En esa oportunidad, el dueño del rodado fue detenido y liberado en poco tiempo. El estupefaciente y también dinero en efectivo, quedó retenido en el Juzgado Federal de Necochea, como elementos de prueba al momento de concretarse el juicio oral y público correspondiente. De acuerdo a la versión que trascendió en las últimas horas, cerca del mediodía del viernes pasado (23 de septiembre de 2011) un funcionario del citado Juzgado habría denunciado la violación de la puerta de su oficina y la desaparición de droga y dinero secuestrados, que permanecían bajo la custodia de ese organismo judicial de la Nación De ser así, llama la atención que estos elementos no hayan estado guardado en cajas de seguridad, sobre todo si se tiene en cuenta que existirían al menos tres en ese edificio. La importancia que reviste el material secuestrado merece, mínimamente, el resguardo necesario ya que son pruebas elementales al momento de un juicio oral. Por otra parte el horario en que al parecer se produjo la violación de la cerradura de la oficina es, por lo menos, llamativo ya que la estructura judicial se encuentra en pleno funcionamiento. A esa hora sería fácil de advertir si alguien sale con bultos, situación que, aparentemente, no sucedió. De todas maneras un funcionario del Juzgado Federal de Necochea dispuso como medida inmediata el cambio de custodias, desplazando a los efectivos de la Policía Federal Argentina por otros de Prefectura Naval. Seguramente por estas horas se deben estar llevando adelante actuaciones administrativas para deslindar responsabilidades, y penales, para esclarecer el delito, más que preocupante.

Para que Candela descanse en paz

Por estos días la mayor parte de las noticias en todo el país pasa por el asesinato de Candela Rodríguez. Los diarios y revistas gastan miles de centímetros de papel referido a este tema; los canales de televisión muestran imágenes de manera permanente y es el comentario obligado en los programas de radio. Mientras tanto, la investigación vuelve a fojas cero a cada instante. El propio fiscal general Federico Nieva Woodgate reconoció que “la mayoría de las fojas del expediente son inútiles”. El representante del Ministerio Público se refirió a las más de 20 mil fojas que cuenta el voluminoso expediente que se tramita en los Tribunales de Morón. La nena fue secuestrada, mantenida en cautiverio y asesinada. La autopsia reveló que fue estrangulada, pero no hay avances significativos en la investigación: ni siquiera aparecen nombres de sospechosos. Mientras tanto se tejen conjeturas. Un crimen por venganza, ajuste de cuentas, narcotráfico, tráfico de órganos, trata de personas, piratería del asfalto, son algunos de los rótulos que pesan sobre el caso. La intervención del gobernador bonaerense Daniel Scioli y de la propia presidenta de la Nación, Cristina Fernández, en nada contribuyó con el caso, sino por el contrario, alimentó las sospechas de querer sacar rédito político de cara a las inminentes elecciones. Tal vez, de haber tenido otro final, es cierto, hubiera servido para calmar la mentada “sensación” de inseguridad. ¿Por qué estos gobernantes se preocuparon por el caso con indiscutida preferencia respecto a los más de doscientos niños que están denunciados como desaparecidos en los últimos tiempos? La situación del padre de la nena, preso por un caso de “piratería del asfalto”, también dio de qué hablar. Este tipo de delito, junto al de los desarmaderos de autos, es en el que más aparecen las sospechas de liberación de zonas por parte de la Policía. La misma Policía que tiene a cargo la investigación del homicidio; la que mantiene la estructura de aquella que tuvo intervención en el denominado Proceso de Reorganización Nacional; la que parece estar más preparada para hacer desaparecer gente que para hacerla aparecer. Más allá de estos comentarios, los investigadores del caso siguen cruzando datos de las pistas que surgieron hasta el momento. Sin embargo, no tienen un indicio firme sobre él o los presuntos homicidas. En el convencimiento de que la familia de la víctima recibió llamadas telefónicas amenazantes antes de que la niña desapareciera buscan la clave para resolver el crimen. Quizás surja de las comunicaciones que recibieron un mes antes del trágico hecho. Federico Nieva Woodgate, reiteró en declaraciones radiales: “Hay una hipótesis que involucra desde el principio al entorno de la familia y al entorno colateral”. Sostiene sus dichos en las sospechas que giran sobre posible casos de narcotráfico (para los investigadores el homicidio está relacionado con el negocio de las drogas instalado en las villas de emergencia de San Martín) y piratería del asfalto (es otra línea investigativa. El foco está puesto en los cómplices del padre, Alfredo Rodríguez, que está preso). Más allá de todas las hipótesis que giran alrededor del caso ¿no sería interesante que se investigue como un hecho perpetrado por delincuentes comunes? Tal vez se pueda llegar a mejor resultado, y que Candela pueda descansar en paz. Esa paz que le arrebataron en este mundo de mortales.

Adriana Celihueta: Justicia que ya no es Justicia

Segundo día de agosto de 2011. Seguramente es una fecha insignificativa para muchos. Pero es especial para Mimí, Carlos, Silvia, madre, padre y hermana, respectivamente, de Adriana Celihueta, la joven que hace casi 25 años desapareció en Necochea, su ciudad natal. Hoy Adriana cumple, para la Justicia que hasta ahora la da por desparecida, 54 años de edad. Pero para los familiares y seres queridos de Adriana, cumpliría porque, si bien en sus corazones quieren que esté viva, en sus convicciones, saben que es imposible.
Y no se basan únicamente en el dictado de sus interiores, sino que surge de la causa que descansa archivada en los Tribunales de Mar del Plata desde hace tantos años, pese a todo lo que aún resta investigar.
El último juez que intervino decidió que el expediente fuera guardado “hasta que surjan elementos novedosos que permitan su rescate para impulsar una nueva investigación”. Contradictora decisión: ¿si no existe investigación, cómo pueden surgir elementos novedosos?
No obstante, en la causa aún quedan muchos interrogantes que cualquier juez, por novato que sea, daría curso al menos para descartar posibilidades. Pero no, se prefirió pasarla a archivo.
Esta actitud sirvió para alimentar más las sospechas de la participación del poder político, del accionar policial, y de la complicidad de la Justicia para que el caso no se esclarezca. De hecho, algunos de los protagonistas que aparecen en la investigación están preparando las valijas porque se van a vivir a Europa. “No soportamos más que cada vez que aparezca el nombre Celihueta, todos nos miren”, dejaron trascender en una charla de amigos.
Mientras tanto el tiempo pasa, la Justicia sigue sin actuar, y los Celihueta aguardan que en algún momento ocurra “el milagro” que les permita encontrar algún vestigio de su hija. “Se me va la vida en esta búsqueda, pero a la Justicia impartida por seres humanos no le importa… la única tranquilidad que me queda, es que los responsables no podrán escapar a la otra justicia, a la de Tata Dios”, se convence día a día Mimí, al tiempo que sigue depositando una rosa blanca a la Virgen María, imagen en la que simboliza a su hija desaparecida.

Hablemos de seguridad

La sucesión de asaltos en estos días agudizó la presente preocupación por la seguridad. Convengamos que la problemática existe, aunque en época de elecciones históricamente cuenta con un plus adicional y se convierte en uno de los caballitos de batalla de todos, o casi todos, los candidatos.
Puntualmente en Necochea, en declaraciones periodísticas realizadas hace varios meses, aún cuando no tenía en sus planes buscar otra reelección, el doctor Daniel Molina admitió que uno de sus “fracasos” fue la cuestión de seguridad. No supo, no pudo, no encontró la manera de revertir el flagelo que con justa razón tanto preocupa a la población.
Por estas horas se escuchan diversas reacciones oficiales y no oficiales tendientes a mejorar la seguridad de los ciudadanos. No obstante, como ha ocurrido en otros momentos políticos de la vida de los argentinos, las iniciativas no parecen elaboradas y evaluadas adecuadamente. Son más bien respuestas apresuradas destinadas sólo a buscar resguardo ante la opinión pública olvidándose la parte más básica, que tiene que ver con la prevención.
Para evaluar seriamente y con criterios actualizados el problema de la seguridad, lo primero que se requiere es contar con estadísticas confiables. Hoy no existen, y confiables mucho menos. Las que brinda la policía encargada de la prevención, son escasas y parciales ya que se limitan únicamente a los hechos denunciados, cuando sabemos que es muy bajo el porcentaje de damnificados que recurren a las dependencias policiales o a los fiscales para hacer conocer que fue víctima de algún ilícito. Esto tiene que ver con la falta de confianza a las instituciones, a la cantidad de trámites a la que se someten a los perjudicados, muchas veces al maltrato que reciben, y así se podrían nombrar otras situaciones que terminan por desanimar a las víctimas.
Esta carencia de estadísticas serias da lugar a incertidumbre sobre la verdadera magnitud del problema. La sensación de los ciudadanos es que la tendencia del delito está en aumento y que existe un marcado deterioro de la seguridad.
Algunos integrantes de fuerzas policiales, e incluso varios del Departamento Judicial, han sostenido en charlas informales que el delito no aumentó aunque reconocieron un mayor componente de violencia. En este marco es frecuente oír que la sensación de inseguridad se debe a que el periodismo hace hincapié en las noticias sobre delitos. Es verdad, muchas veces los informes no son tratados con la profesionalidad que se merecen, pero no es menos real que los hechos existen.
No obstante, todos reconocen que las estadísticas con que cuentan son escasas porque la mayoría de los estamentos destinados a seguridad no están lo suficientemente informatizados. O sea que para enfrentar este problema no existe un diagnóstico adecuado.
Es frecuente escuchar, y muchas veces a funcionarios, la propuesta de enfrentar el delito sólo con aumentos de penas judiciales, o con mayor represión policial. Esta es una posición simplista cargada de desconocimiento, de facilismo o por el deseo de venganza.


Un aspecto puntual
Un aspecto puntual al que no se le presta adecuada atención es al comportamiento del personal desvinculado de la Policía. Buena parte tiene antecedentes de conducta irregular o delictiva. Sin irnos del “pago chico” hace poco menos de 10 años, como periodista realicé una investigación de la que surgió que personal de Narcocriminalidad de la Provincia de Buenos Aires, con base en nuestra ciudad, utilizaba a menores para “atraer” a nuevos clientes, marcar “punteros” y distribuir drogas. Antes de publicarse la información, formulé la correspondiente denuncia en el Juzgado de Menores Departamental, entonces a cargo de la doctora María Angélica Bernard. La magistrada actuó de inmediato (incluso en horas de la noche), evaluó los elementos que puse a su disposición, tomó declaración a algunos de los menores y dispuso el inmediato allanamiento a la dependencia policial sospechada.
Como conclusión de las evaluaciones de la doctora Bernard, la cúpula completa y los efectivos policiales fueron procesados y relevados de la repartición. La Justicia Ordinaria y la Federal (en dos causas paralelas) continuaron el proceso, que todavía no llegó a juicio oral. Mientras tanto, esos efectivos policiales siguen en actividad. Es más, el oficial Porcú –uno de los vinculados-, algunos meses más tarde fue el que le disparó un tiro en la cabeza en el baño de un boliche a Romina, una joven de nuestro medio.
Este caso puntual deja sin argumentos serios a la Justicia. Algunos fiscales, que hacen de voceros del Fiscal General,difícil de encontrar, indilgaron la responsabilidad de la actividad de la Justicia a la Policía. “Nosotros actuamos una vez ocurrido el delito”, se defendieron. Es cierto, esa es la tarea de los fiscales, aunque también lo es la de investigar y una de las “patas flojas” en este sistema es que la investigación llegue a buen resultado (caso Mónica Neila, por citar un ejemplo, cargado de sospechas y todavía sin esclarecer).

Una medida urgente
Pese a la gravedad de los casos delictivos que estamos soportando, la ciudadanía lo viene asimilando casi como un hecho natural. Es elemental terminar con esta degradación, y para ello el responsable político de la seguridad del Distrito, el intendente, debe tomar cartas en el asunto. Se impone que convoque a los titulares de todos los poderes locales (Ejecutivo, Legislativo, Judicial) junto a los responsables directos de las fuerzas de seguridad para realizar un estudio de los delitos que se cometen y elaborar estrategias conjuntas para contrarrestarlos.
Paralelamente debe reclamar ante los organismos competentes a nivel provincial y nacional, la elaboración de estrategias novedosas de prevención para no estar corriendo detrás del delito; sugerir el control para establecer si los responsables de la Seguridad en el Distrito están realizando las tareas como corresponde y la inmediata investigación de posible “conexión” entre autoridades y delincuentes.
Sin dudas estas medidas actuarán sólo como paliativo. Pero es una manera de comenzar a revertir una situación.
Las causas de los delitos que habitualmente se cometen en nuestra sociedad son múltiples y no resulta sencillo coincidir en cuáles son las más relevantes. No obstante, pueden señalarse algunos fenómenos que intervienen en forma decisiva como el impacto de la falta de trabajo y el deterioro de la educación sobre los ingresos y las expectativas sociales de amplias capas de la población, especialmente en los más jóvenes. Es inevitable la importancia de la educación y la generación de puestos de trabajo en el tratamiento de la seguridad.
Oscar Gollnitz
oscargollnitz@gmail.com
l.ciudad.o@gmail.com

Reflexión en el Día del Periodista

El premio Nobel de Literatura y durante décadas periodista en ejercicio, Gabriel García Márquez, criticó el periodismo de la actualidad. “Sufro mucho leyendo lo que leo y escuchando lo que escucho (…) cada vez leo menos reportajes que puedan considerarse joyas”, expresó el escritor. También atribuyó esta problemática a la falta de tiempo de los periodistas en la actualidad.
Sin dudas, García Márquez se refirió al rol del periodismo actual donde las premisas parecen ser la prisa, la competencia, la exigencia de una mayor productividad, la incapacidad para perseguir un tema durante semanas aunque no dé ningún fruto, el aburrimiento, la falta de motivación que afectan, en mayor o menor medida, al resultado de un trabajo cada vez de peor calidad.
Esta tendencia es preocupante porque está cimentando a que sea cada vez mayor la cantidad de ciudadanos que se conforman con información breve, ligera de contenido hasta hacer casi evanescente y digerible en pocos minutos.
Bajo este concepto, con el que me siento identificado, parece que cada vez hay menos cabida para los periodistas esmerados e incansables que no olvidan en ningún momento la responsabilidad que se supone el periodismo para con la sociedad.
En la actualidad parece borrada la premisa de los maestros periodistas. Ellos decían que para ejercer este oficio se precisa empatía, capacidad de ponerse en la piel del otro, conocimiento de idiomas y culturas, viajar, especializarse y profundizar en los temas de actualidad, tener los ojos y oídos bien abiertos y estar en contacto con la calle, porque es en ella –y no en las redacciones- donde se producen las noticias y donde se puede palpar la realidad.
Olga Rodríguez, una periodista y escritora española graficó que “los líderes del modelo imperante de información –habría que llamarlo desinformación- se resguardan de las críticas apelando a los deseos de la sociedad como factor determinante en la elección de los contenidos”
Y fue más lejos aún: “parapetados en un argumento facilón y falaz, quieren creer que la ciudadanía se compone de tontos y tontas que necesitan cuanta más basura mejor para quedarse pegados a la pantalla, para animarse a comprar un periódico o para escuchar la radio. Tienen fe en la basura porque a corto plazo es lo más rentable, lo más barato, lo más fácil”.
No obstante, independientemente de la presunta voluntad de una mayoría, el deber del periodismo es contar la realidad de manera detallada y rigurosa.
La periodista Olga Rodríguez entiende que por lo general, cuanto más informados estamos, más queremos saber. Cuanto más sabemos, más preguntas surgen. Por lo tanto, cuanto más tiempo dure la apuesta por el show disfrazado de periodismo, nos arriesgamos a que más ciudadanos dejen de tener interés por la actualidad.
En coincidencia con este concepto, se puede aportar que si se apostara por multiplicar los espacios informativos y éstos se mantuvieran en el tiempo respaldados por una buena promoción, es muy probable que se fueran sumando como público-lectores más y más ciudadanos, que descubrirían así nuevos enfoques, perspectivas y realidades, queriendo estar bien informado.

LA RESPONSABILIDAD
La colega española tiene en claro la responsabilidad de los periodistas, la misma que rige a la profesión, pero tan mancillada en los últimos tiempos.
• El periodismo tiene una responsabilidad: informar con ética, con fuentes contrastadas.
• No rendir pleitesía al poder, dar un altavoz a quienes no lo tienen, intentar que los que rigen el mundo no sean los únicos que aparezcan en los medios.
Pero también los ciudadanos tienen en sus manos una responsabilidad: exigir información de calidad, protestar contra la banalización de los espacios informativos y de las imágenes. Esta es una manera (más allá de la económica) de lograr que este no-periodismo siga engañando y adormeciendo a las sociedades. Que la población no esté bien informada la hace fácilmente manipulable. Acordemos que la información de calidad, como servicio público, es la base de las sociedades libres y democráticas.