Burocracia judicial al servicio de asesinos

Escriben: padres de Alfredo Marcenac

Algunos estudiosos del tema, hace ya más de 100 años describieron a la burocracia, como una “jaula de hierro”, una estructura rígida y lenta para solucionar los problemas de las personas que viven en sociedad. Si algo hemos aprendido aquellos que esperamos justicia en nuestro país, es que las instituciones judiciales son el ejemplo más claro de la ineficiencia para dar respuestas justas a las víctimas, muy por el contrario terminan convirtiéndose en una “trampa de hierro” al servicio de los victimarios y de los asesinos.
Nuestro hijo Alfredo MARCENAC fue asesinado el 6 de julio de 2006 por Martín Ríos, quien disparó a un grupo de personas que caminaban por Avda. Cabildo a las 5 de la tarde. A partir de ese momento no sólo hemos sufrido la pérdida de Alfredo, sino que de manera permanente hemos sido violentados y revictimizados por el sistema judicial, el cual no ha sancionado a nadie por el daño causado; más bien ha justificado de manera sistemática, el accionar del asesino y su familia y de otros responsables indirectos de la muerte de nuestro hijo. Por eso denunciamos en forma pública, la lamentable forma de actuar de la justicia:
1- Al asesino Martín Ríos lo detuvieron, pocos días después de matar a nuestro hijo, en ¡compañía de su madre! portando el arma que había usado para el crimen, cargada y lista para disparar llevando además 57 balas con la punta limada. A partir de su detención, se supo que este asesino tenía antecedentes de consumo de diversas drogas, que había robado, que una vez lo detuvieron con el arma y drogas en el auto- y que lo absolvieron-, que muchas veces andaba armado y que cuando lo internaron por consumo de drogas, tanto él como sus padres abandonaron los tratamientos que les indicaron. Está claro en el expediente que su familia nunca se ocupó de ponerle límites a su exagerada afición a las armas; al contrario, el padre se hizo responsable ente el Renar para que Martín Ríos obtuviera el certificado de legítimo usuario y fue quién lo alentaba en la práctica de tiro.
2- A pesar de todos estos antecedentes, la familia de Ríos logró, por algunas razones sobre las que preferimos no opinar pero que nos generan sospechas, que un grupo de médicos, supuestamente “expertos”, escribieran largas páginas con palabras difíciles para argumentar que este asesino tiene un trastorno mental.
No debemos olvidar aquí que en el sistema burocrático de la justicia, las palabras grandilocuentes, el papeleo inútil y las alianzas, predominan muchas veces, por sobre la VERDAD de los hechos y la VIDA DE LAS PERSONAS. Lo cierto es que merced a estas artimañas el asesino Ríos, fue considerado INIMPUTABLE por el Tribunal Oral Nº 12, en un fallo vergonzoso de los jueces Ana Dieto de Herrera, Carlos Bruno y Alfredo Rizzo Romano, que prefirieron darle más crédito a un diagnóstico médico diseñado a medida, que a la palabra de los propios testigos que vieron a Ríos disparar sobre las víctimas a “sangre fría”, con tranquilidad y sin dudar. Así es que la Justicia ABSOLVIÓ DE CULPA Y CARGO al asesino Ríos.
3- La parodia judicial no termina aquí. En el mes de abril/09 la Sala 4 de Casación Penal le concedió una PROBATION al inescrupuloso médico Mark Garret que firmó el certificado de APTITUD PSICOFÍSICA del asesino Ríos con el cual le otorgaron la tenencia de armas de fuego. En esta ocasión la Justicia mostró una vez más su capacidad para el absurdo, porque SIN suspenderle la matrícula sólo lo obligó a cumplir 240 hs. de trabajo voluntario en el Hospital Municipal de San Antonio de Areco y a entregar $ 1.500 a la Red Argentina para el Desarme. Nadie cuestionó al médico que firmó un certificado “apto psicológicamente” a un sujeto de “extrema peligrosidad” (afirmado hasta por los peritos de la defensa de Ríos), demostrando así la incoherencia de algunos jueces y cuánto vale para ellos la irresponsabilidad profesional que puede costarle la vida a una persona.
4- Pero si algo faltaba para mostrar la irracionalidad y la ineptitud de la burocracia judicial, es la noticia que acabamos de enterarnos: El Juzgado Civil Nº 26 ha dictaminado la insania del asesino Martín Ríos otorgándole la CURATELA ¡a su madre! (la misma que estaba con su hijo armado cuando lo detuvieron). Hay que aclarar además que para la insania la flia. Ríos presentó una pericia médica que, “casualmente” fue firmada por una de las profesionales médicas del Cuerpo Médico Forense que participó en la pericia que se presentó para el juicio penal contra Ríos, donde lo declararon inimputable.
- Y así se cierra el círculo de la perfecta e inservible burocracia judicial, en la que, como muy pocos se toman el trabajo de leer con detenimiento los papeles y casi nadie se dedica a atar los cabos sueltos, pueden colarse todo tipo de artimañas para que los asesinos resulten libres de culpa y cargo. Y los mismos padres del asesino que fueron cómplices de su deterioro psíquico y de su afición a las armas, quedan como responsables de cuidar y controlar a un hijo al que no cuidaron nunca, e inclusive colaboraron para convertirlo en el asesino que hoy es.
Lo más terrible de esta cuestión, es que la “jaula de hierro” opera de manera perfecta, para que la vida de las víctimas quede perdida en una maraña de papeles y de unos cuantos funcionarios ineptos, que son incapaces de ver más allá de las letras engañosas de informes, pericias y oficios judiciales.
- Somos los padres de Alfredo MARCENAC, brutalmente asesinado por Martín Ríos, el 6 de julio de 2006. La Justicia Penal y Civil hasta hoy, se han burlado de él y de nosotros. Somos una de las tantas víctimas de este país que reclamamos, exigimos y ESPERAMOS la Justicia que se merecen las víctimas, porque entendemos que es lo que humanamente corresponde. No queremos venganza, solo buscamos JUSTICIA, sin trampas ni artimañas.
Ante tanto atropello sufrido pedimos SERIEDAD para el tratamiento de estos temas. Pedimos que se exija a los funcionarios judiciales que concursan para cubrir puestos en las instituciones jurídicas, una cuota especial de humanidad para atender el dolor ajeno, una cuota importante de “sentido común” para leer con atención los expedientes, porque esos expedientes no son papeles, son las vidas de nuestros hijos. Les pedimos esencialmente inteligencia y sensibilidad para juzgar con sabiduría, porque lo cierto es que, salvo honrosas excepciones, eso es lo que falta y mucho en la Justicia Argentina.
En nombre de Alfredo y nuestro, ¿alguien podrá atender este pedido?.

Aroma a gatillo fácil

En poco tiempo más la Justicia deberá establecer si existió un caso de los denominados de “gatillo fácil”, al juzgar oral y públicamente a policías por la muerte de un joven que fue alcanzado por una bala oficial el 10 de octubre de 2008 en Necochea.
De acuerdo a las declaraciones de testigos, evidentemente existieron maniobras que hacen pensar en un armado de escena en el lugar del hecho. Pero para la Justicia hay que aportar pruebas contundentes, y en este sentido, no las hay, al menos en gran magnitud. Sí existen indicios, pero hay que ver si su sumatoria alcanza para convencer a los magistrados. Realmente será una tarea difícil de resolver para los jueces.
El hecho tuvo como víctima a Gustavo Martín Moreira, joven que intentaba en ese momento ingresar a las filas de la Policía bonaerense. Alrededor de la una de la madrugada, patrulleros de la Seccional Primera arribaron a inmediaciones de 108 entre 55 y 57. Los policías fueron alertados a través de un llamado al 911, que indicó la presencia de un desconocido sobre los techos de una vivienda.
De acuerdo a la documentación que obra en el expediente, aseguran, el primer móvil en arribar fue en el que se desplazaban los efectivos Agustín Tórtora y Diego Carrizo. Inmediatamente hizo lo propio otro, en el que iba otro policía de apellido Bienkiewichz.
Al parecer, este último uniformado utilizó una escopeta de las denominadas de estruendo para amedrentar a un sujeto que al ver los móviles huyó del lugar, cortando camino por un terreno baldío. Inmediatamente sonaron otros dos disparos. Carrizo dijo que él fue el autor de uno de esos tiros, y que lo hizo al aire. Aseguró que su compañero Tórtora le dijo que se corriera y le disparó al desconocido. “Ni siquiera se dio vuelta” el joven que huía cuando recibió un certero balazo que le cegó la vida, expresó Carrizo.
En la misma causa se estableció que Tórtora se fue del lugar con el pretexto de ir a buscar ayuda médica al Hospital Municipal, distante a no más de seis u ocho cuadras del lugar del hecho. Mientras tanto arribaron más policías, entre ellos el policía Carlos Cabello, a cargo de la Seccional Primera.
Al cabo de media hora reapareció en escena Tórtora, que pasó junto al cadáver. Lo hizo sin la ayuda que había ido a buscar. También en ese momento fue hallado un revólver junto al cuerpo sin vida de Moreira.
Cuando Tórtora llegó al sitio, lo primero que hizo fue entregar su arma para la correspondiente pericia. También hicieron lo propio Carrizo y Bienkiewicz. Las pericias balísticas establecieron que el arma reglamentaria de Tórtora no registró ningún tipo de evidencia de que haya sido disparada. Estaba sin uso, como si recién la hubiesen limpiado.
No obstante, un testigo que estuvo en el lugar del hecho, y luego otro con identidad reservada, escucharon comentarios que dejan bastante mal parado a Tórtora. “Conseguí este (revólver calibre) 38 y lo arrojé junto al cadáver”, dijo a sus jefes departamentales, expresaron los testimonios.
El aroma de un caso de gatillo fácil flota en el aire. Ahora será un tribunal el que deberá establecer que sucedió aquella noche en que murió Moreira y que todavía ni siquiera se sabe si fue realmente la persona que anduvo por los techos.

Yo soy testigo

Por Oscar Gollnitz -Periodista-

Algunas situaciones vividas hace muy pocas horas en el ámbito de la Justicia sirvió para contar con un nuevo elemento y entender por qué estamos como estamos.
En el término de no más de dos días fui requerido por un fiscal y el titular de la Cámara Penal de la Justicia Federal. En ambos casos el interés de los magistrados estuvo centrado en dar respuesta a la denuncia del abogado Julio Razona, defensor de la señora Lidia Ruete, sospechada del delito de contrabando en nuestra ciudad.
Aparentemente se intenta establecer si existió fuga de información desde el Juzgado Federal de Necochea en el marco del procedimiento que se realizó en el edificio Keops, el 14 de agosto pasado, donde se produjo un importante secuestro de prendas de vestir y perfumes del interior del departamento de la señora Ruete.
Curiosamente nada se conoce sobre la continuidad de esta causa. La última información fue el procedimiento y posterior secuestro de mercaderías, pero sobre el resultado de las pericias, el origen del secuestro, si existió o no documentación que deje en una situación más cómoda a la mujer involucrada, existe gran mutismo.
En cambio la Justicia libró al menos dos oficios -a mi nombre-, dando lugar a la denuncia que formuló el doctor Razona. El abogado exigió saber si algún funcionario del Juzgado fue el encargado de brindar la información del hecho en el momento en el que se produjo el allanamiento. Y fue más allá todavía: No dudó en pedir información confidencial. Lo lamentable de todo esto es que la Justicia accedió a la solicitud, rayando, o tal vez ingresando en una clara violación a esa declaración reservada.
Esta denuncia motivó la puesta en marcha de los engranajes de la Justicia. Jueces y funcionarios estuvieron abocados a tomar declaración testimonial. Toda esta movida se postergó por varios días bajo la sospecha de “filtración de información”. En cambio a mi me queda el sabor de ser parte del chivo expiatorio de una maniobra de dilación de la verdadera causa, la de contrabando. Es más, ¿qué pasará si se establece que la información del allanamiento surgió del Juzgado? Seguramente el abogado pedirá la anulación de lo actuado, y aunque se pruebe el delito investigado, no existirán condenados. Esta es una maniobra burocrática, denominada “chicana jurídica”, muy utilizada por abogados que se especializan en aprovechar al máximo los baches jurídicos existentes, y que los legisladores nunca se preocuparon por reparar.
Así como la duda favorece al reo, pido que a mi me permitan ejercer el derecho de la sospecha ante este tipo de escenarios, que seguramente jamás podré probar en papeles pese a que todos asientan silenciosamente. Yo soy testigo.

Finalmente cayó Díaz Smith

Está acusado de delitos de lesa humanidad en el centro de detención de la Esma

Cuando todo indicaba que, tal vez, no se supiera nada más de Jorge Manuel Díaz Smith, el ex miembro de la Prefectura Naval Argentina (que tiene domicilio en Necochea y fue jefe de Prefectura Quequén) fue apresado ayer al mediodía en una quinta de la localidad bonaerense de Marcos Paz. La información fue confirmada por el Ministerio de Justicia de la Nación.
Díaz Smith tenía pedido de captura del Juzgado Federal Nº 12, a cargo del doctor Sergio Torres. Está acusado de cometer crímenes de lesa humanidad en el centro de detención ilegal que funcionó en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (Esma).
La detención se concretó luego de una investigación llevada adelante por la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia, que funciona en la órbita del citado ministerio.
Díaz Smith integraba la lista de los represores por quiénes el Estado ofrece una recompensa de hasta 100 mil pesos.
El operativo estuvo a cargo de personal de la División Seguridad del Estado de la Policía Federal, que detuvo al prófugo hoy a las 7 en una quinta de la localidad bonaerense de Marcos Paz, confirmó la agencia oficial de noticias Télam.
La detención de Díaz Smith se enmarca en el programa de búsqueda de personas requeridas por la Justicia que lleva adelante la cartera de Justicia.
Se trata de la novena captura que se concreta en el marco de este mecanismo, en el cual en dos casos el Estado había pagado la recompensa ofrecida, otros se habían entregado a la Justicia luego de la publicación del aviso de búsqueda y cuatro habían sido ya detenidos por las fuerzas de seguridad.
Además de Díaz Smith, los otros capturados son los ex represores Pedro Santiago Godoy, Claudio Orlando Pittana, Juan Máximo Copteleza, Felipe Romeo, Jorge Horacio Granada, Julián Oscar Corres, Norberto Raúl Tozzo y Jorge Antonio Olivera.
En su mayoría, se trata de personas vinculadas a causas sobre privación ilegítima de la libertad y desaparición de personas, como la que investiga los hechos ocurridos en ESMA.
Ahora son 17 los prófugos acusados de cometer delitos de lesa humanidad buscados por el Gobierno a través del sistema de recompensas establecido por la ley Nº 26.375, que permite el pago de retribuciones económicas por un monto de hasta 100 mil pesos a quienes aporten datos fehacientes para dar con los buscados.
Ellos son Roberto González, Pedro Osvaldo Salvia, Eduardo Ángel Cruz, Néstor Norberto Cendón, Luis Enrique Baraldini, Gonzalo Sánchez, Jorge Raúl Vildoza, Juan Carlos Linares, Héctor Mario Schwab, Eduardo Abelardo Britos, Juan Carlos Vázquez Sarmiento, Aldo Mario Álvarez, Jorge Héctor Di Pascuale, Jorge Héctor Vidal, Fernando Federico Delgado, Guillermo Federico Madueño y Héctor Mendoza.

Inseguridad: el rol de las drogas

El consumo de drogas y su permanente vinculación con hechos delictivos fue casi el centro de las noticias periodísticas de los últimos días. Funcionarios de todos los calibres expresaron cataratas de declaraciones en televisión, radios, diarios, revistas, portales, periódicos, pero nadie se sinceró en cuanto a la política de Estado que se debería seguir al respecto.
Hace pocos días, la Corte Suprema de Justicia se pronunció en la supresión de un artículo de la Ley Nacional de Drogas que penaliza la tenencia de drogas para consumo personal.
En este esquema, la actualidad judicial está enfrentada en dos grupos de opinión, en pro y en contra de la penalización en estos casos.
Los jueces que están en contra del texto actual declaran su inconstitucionalidad porque, según sus ópticas, viola el derecho de privacidad que protege la Constitución Nacional. El argumento es simple: “quienes tienen droga en su poder para consumir no afectan a nadie” resumiendo la situación dentro de una esfera personal, ajena a la Justicia.
En contraposición, otros magistrados no sólo creen que, en su mayoría, estos casos se deben penalizar, sino que entienden que los legisladores nacionales deberían tener en cuenta que además de afectar la salud pública, el consumo de drogas también afecta a la “seguridad pública”.
Quienes avalan a esta última postura entienden que “no hay que estigmatizar a los enfermos con una pena, pero la seguridad como se plantea en nuestro presente requiere que persigamos a las dos puntas de la cadena ilícita: el vendedor (dealer, traficante) y el adicto (comprador, enfermo)”.
La política de reducción de daños de la que habla el Gobierno Nacional no explica claramente cómo se abordarán los tratamientos a los adictos, sobre todo teniendo en cuenta los inconvenientes que deben sortear en este momento los centros habilitados para tal fin (carencia de medios, dinero que llega tarde, falta de profesionales, etc).
El ministro de la Corte Suprema de Justicia, doctor Eugenio Raúl Zaffaroni dijo, en declaraciones periodísticas, que “alguien debe tomar la batuta para tratar seriamente y en todas sus facetas el flagelo” de las drogas, que calificó como “una emergencia”.
En realidad, si se despenaliza la tenencia de drogas, el adicto comprador y tenedor para su consumo estaría cometiendo, cuando menos, el delito de encubrimiento. Si ante los estrados judiciales, el adicto no indica quien le vendió la sustancia ilícita deberá ser sometido a proceso por encubrimiento. Como se viene planteando esta controversia, quizás también se proyecte complementariamente modificar o suprimir otras figuras penales pare evitar que el pobre adicto tenedor de la droga, nuevamente caiga en la “criminalizción de su penosa enfermedad.

Las cartas sobre la mesa
Es hora de poner las cartas sobre la mesa, de sincerar, decir claramente quién se hará cargo de los costos sociales irreversibles que genera la violencia callejera en la directa vinculación con sustancias prohibidas. Hay que decirle a la ciudadanía cómo se va a defender a través de las instituciones estatales que deben proteger a sus vecinos. El ciudadano tendrá drogas en su casa, consumirá y saldrá a manejar un auto, un colectivo, en fin, drogado andará por la vida con la consciencia adormecida. ¿no es esto un peligro para todos?
Si no se aborda globalmente el tema con premura, la comunidad corre el riesgo de ver acrecentada la adicción a las drogas de todo tipo. También las estadísticas de los hechos vandálicos de inseguridad callejera se incrementarán como consecuencia de este veneno