miércoles, 27 de julio de 2011

Hablemos de seguridad


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La sucesión de asaltos en estos días agudizó la presente preocupación por la seguridad. Convengamos que la problemática existe, aunque en época de elecciones históricamente cuenta con un plus adicional y se convierte en uno de los caballitos de batalla de todos, o casi todos, los candidatos.
Puntualmente en Necochea, en declaraciones periodísticas realizadas hace varios meses, aún cuando no tenía en sus planes buscar otra reelección, el doctor Daniel Molina admitió que uno de sus “fracasos” fue la cuestión de seguridad. No supo, no pudo, no encontró la manera de revertir el flagelo que con justa razón tanto preocupa a la población.
Por estas horas se escuchan diversas reacciones oficiales y no oficiales tendientes a mejorar la seguridad de los ciudadanos. No obstante, como ha ocurrido en otros momentos políticos de la vida de los argentinos, las iniciativas no parecen elaboradas y evaluadas adecuadamente. Son más bien respuestas apresuradas destinadas sólo a buscar resguardo ante la opinión pública olvidándose la parte más básica, que tiene que ver con la prevención.
Para evaluar seriamente y con criterios actualizados el problema de la seguridad, lo primero que se requiere es contar con estadísticas confiables. Hoy no existen, y confiables mucho menos. Las que brinda la policía encargada de la prevención, son escasas y parciales ya que se limitan únicamente a los hechos denunciados, cuando sabemos que es muy bajo el porcentaje de damnificados que recurren a las dependencias policiales o a los fiscales para hacer conocer que fue víctima de algún ilícito. Esto tiene que ver con la falta de confianza a las instituciones, a la cantidad de trámites a la que se someten a los perjudicados, muchas veces al maltrato que reciben, y así se podrían nombrar otras situaciones que terminan por desanimar a las víctimas.
Esta carencia de estadísticas serias da lugar a incertidumbre sobre la verdadera magnitud del problema. La sensación de los ciudadanos es que la tendencia del delito está en aumento y que existe un marcado deterioro de la seguridad.
Algunos integrantes de fuerzas policiales, e incluso varios del Departamento Judicial, han sostenido en charlas informales que el delito no aumentó aunque reconocieron un mayor componente de violencia. En este marco es frecuente oír que la sensación de inseguridad se debe a que el periodismo hace hincapié en las noticias sobre delitos. Es verdad, muchas veces los informes no son tratados con la profesionalidad que se merecen, pero no es menos real que los hechos existen.
No obstante, todos reconocen que las estadísticas con que cuentan son escasas porque la mayoría de los estamentos destinados a seguridad no están lo suficientemente informatizados. O sea que para enfrentar este problema no existe un diagnóstico adecuado.
Es frecuente escuchar, y muchas veces a funcionarios, la propuesta de enfrentar el delito sólo con aumentos de penas judiciales, o con mayor represión policial. Esta es una posición simplista cargada de desconocimiento, de facilismo o por el deseo de venganza.


Un aspecto puntual
Un aspecto puntual al que no se le presta adecuada atención es al comportamiento del personal desvinculado de la Policía. Buena parte tiene antecedentes de conducta irregular o delictiva. Sin irnos del “pago chico” hace poco menos de 10 años, como periodista realicé una investigación de la que surgió que personal de Narcocriminalidad de la Provincia de Buenos Aires, con base en nuestra ciudad, utilizaba a menores para “atraer” a nuevos clientes, marcar “punteros” y distribuir drogas. Antes de publicarse la información, formulé la correspondiente denuncia en el Juzgado de Menores Departamental, entonces a cargo de la doctora María Angélica Bernard. La magistrada actuó de inmediato (incluso en horas de la noche), evaluó los elementos que puse a su disposición, tomó declaración a algunos de los menores y dispuso el inmediato allanamiento a la dependencia policial sospechada.
Como conclusión de las evaluaciones de la doctora Bernard, la cúpula completa y los efectivos policiales fueron procesados y relevados de la repartición. La Justicia Ordinaria y la Federal (en dos causas paralelas) continuaron el proceso, que todavía no llegó a juicio oral. Mientras tanto, esos efectivos policiales siguen en actividad. Es más, el oficial Porcú –uno de los vinculados-, algunos meses más tarde fue el que le disparó un tiro en la cabeza en el baño de un boliche a Romina, una joven de nuestro medio.
Este caso puntual deja sin argumentos serios a la Justicia. Algunos fiscales, que hacen de voceros del Fiscal General,difícil de encontrar, indilgaron la responsabilidad de la actividad de la Justicia a la Policía. “Nosotros actuamos una vez ocurrido el delito”, se defendieron. Es cierto, esa es la tarea de los fiscales, aunque también lo es la de investigar y una de las “patas flojas” en este sistema es que la investigación llegue a buen resultado (caso Mónica Neila, por citar un ejemplo, cargado de sospechas y todavía sin esclarecer).

Una medida urgente
Pese a la gravedad de los casos delictivos que estamos soportando, la ciudadanía lo viene asimilando casi como un hecho natural. Es elemental terminar con esta degradación, y para ello el responsable político de la seguridad del Distrito, el intendente, debe tomar cartas en el asunto. Se impone que convoque a los titulares de todos los poderes locales (Ejecutivo, Legislativo, Judicial) junto a los responsables directos de las fuerzas de seguridad para realizar un estudio de los delitos que se cometen y elaborar estrategias conjuntas para contrarrestarlos.
Paralelamente debe reclamar ante los organismos competentes a nivel provincial y nacional, la elaboración de estrategias novedosas de prevención para no estar corriendo detrás del delito; sugerir el control para establecer si los responsables de la Seguridad en el Distrito están realizando las tareas como corresponde y la inmediata investigación de posible “conexión” entre autoridades y delincuentes.
Sin dudas estas medidas actuarán sólo como paliativo. Pero es una manera de comenzar a revertir una situación.
Las causas de los delitos que habitualmente se cometen en nuestra sociedad son múltiples y no resulta sencillo coincidir en cuáles son las más relevantes. No obstante, pueden señalarse algunos fenómenos que intervienen en forma decisiva como el impacto de la falta de trabajo y el deterioro de la educación sobre los ingresos y las expectativas sociales de amplias capas de la población, especialmente en los más jóvenes. Es inevitable la importancia de la educación y la generación de puestos de trabajo en el tratamiento de la seguridad.
Oscar Gollnitz
oscargollnitz@gmail.com
l.ciudad.o@gmail.com