¿Robo? en el Juzgado Federal de Necochea

La aparente desaparición de varios kilos de drogas y, presumiblemente, dinero del interior del Juzgado Federal de Necochea podría desembocar en un verdadero escándalo de llevarse a cabo la correspondiente investigación tendiente a dilucidar de qué manera se habría producido el hecho. Por el momento parece ser que el hilo se cortó por la parte más delgada, y toda medida que se habría tomado fue desplazar a la Policía Federal de la custodia del edificio ubicado en la intersección de las calles 56 y 61, y poner en su reemplazo a efectivos de Prefectura Naval Argentina con asiento en Puerto Quequén. La droga en cuestión sería la misma secuestrada en un procedimiento llevado a cabo en la interceptación de un automóvil. En esa oportunidad, el dueño del rodado fue detenido y liberado en poco tiempo. El estupefaciente y también dinero en efectivo, quedó retenido en el Juzgado Federal de Necochea, como elementos de prueba al momento de concretarse el juicio oral y público correspondiente. De acuerdo a la versión que trascendió en las últimas horas, cerca del mediodía del viernes pasado (23 de septiembre de 2011) un funcionario del citado Juzgado habría denunciado la violación de la puerta de su oficina y la desaparición de droga y dinero secuestrados, que permanecían bajo la custodia de ese organismo judicial de la Nación De ser así, llama la atención que estos elementos no hayan estado guardado en cajas de seguridad, sobre todo si se tiene en cuenta que existirían al menos tres en ese edificio. La importancia que reviste el material secuestrado merece, mínimamente, el resguardo necesario ya que son pruebas elementales al momento de un juicio oral. Por otra parte el horario en que al parecer se produjo la violación de la cerradura de la oficina es, por lo menos, llamativo ya que la estructura judicial se encuentra en pleno funcionamiento. A esa hora sería fácil de advertir si alguien sale con bultos, situación que, aparentemente, no sucedió. De todas maneras un funcionario del Juzgado Federal de Necochea dispuso como medida inmediata el cambio de custodias, desplazando a los efectivos de la Policía Federal Argentina por otros de Prefectura Naval. Seguramente por estas horas se deben estar llevando adelante actuaciones administrativas para deslindar responsabilidades, y penales, para esclarecer el delito, más que preocupante.

Para que Candela descanse en paz

Por estos días la mayor parte de las noticias en todo el país pasa por el asesinato de Candela Rodríguez. Los diarios y revistas gastan miles de centímetros de papel referido a este tema; los canales de televisión muestran imágenes de manera permanente y es el comentario obligado en los programas de radio. Mientras tanto, la investigación vuelve a fojas cero a cada instante. El propio fiscal general Federico Nieva Woodgate reconoció que “la mayoría de las fojas del expediente son inútiles”. El representante del Ministerio Público se refirió a las más de 20 mil fojas que cuenta el voluminoso expediente que se tramita en los Tribunales de Morón. La nena fue secuestrada, mantenida en cautiverio y asesinada. La autopsia reveló que fue estrangulada, pero no hay avances significativos en la investigación: ni siquiera aparecen nombres de sospechosos. Mientras tanto se tejen conjeturas. Un crimen por venganza, ajuste de cuentas, narcotráfico, tráfico de órganos, trata de personas, piratería del asfalto, son algunos de los rótulos que pesan sobre el caso. La intervención del gobernador bonaerense Daniel Scioli y de la propia presidenta de la Nación, Cristina Fernández, en nada contribuyó con el caso, sino por el contrario, alimentó las sospechas de querer sacar rédito político de cara a las inminentes elecciones. Tal vez, de haber tenido otro final, es cierto, hubiera servido para calmar la mentada “sensación” de inseguridad. ¿Por qué estos gobernantes se preocuparon por el caso con indiscutida preferencia respecto a los más de doscientos niños que están denunciados como desaparecidos en los últimos tiempos? La situación del padre de la nena, preso por un caso de “piratería del asfalto”, también dio de qué hablar. Este tipo de delito, junto al de los desarmaderos de autos, es en el que más aparecen las sospechas de liberación de zonas por parte de la Policía. La misma Policía que tiene a cargo la investigación del homicidio; la que mantiene la estructura de aquella que tuvo intervención en el denominado Proceso de Reorganización Nacional; la que parece estar más preparada para hacer desaparecer gente que para hacerla aparecer. Más allá de estos comentarios, los investigadores del caso siguen cruzando datos de las pistas que surgieron hasta el momento. Sin embargo, no tienen un indicio firme sobre él o los presuntos homicidas. En el convencimiento de que la familia de la víctima recibió llamadas telefónicas amenazantes antes de que la niña desapareciera buscan la clave para resolver el crimen. Quizás surja de las comunicaciones que recibieron un mes antes del trágico hecho. Federico Nieva Woodgate, reiteró en declaraciones radiales: “Hay una hipótesis que involucra desde el principio al entorno de la familia y al entorno colateral”. Sostiene sus dichos en las sospechas que giran sobre posible casos de narcotráfico (para los investigadores el homicidio está relacionado con el negocio de las drogas instalado en las villas de emergencia de San Martín) y piratería del asfalto (es otra línea investigativa. El foco está puesto en los cómplices del padre, Alfredo Rodríguez, que está preso). Más allá de todas las hipótesis que giran alrededor del caso ¿no sería interesante que se investigue como un hecho perpetrado por delincuentes comunes? Tal vez se pueda llegar a mejor resultado, y que Candela pueda descansar en paz. Esa paz que le arrebataron en este mundo de mortales.

Adriana Celihueta: Justicia que ya no es Justicia

Segundo día de agosto de 2011. Seguramente es una fecha insignificativa para muchos. Pero es especial para Mimí, Carlos, Silvia, madre, padre y hermana, respectivamente, de Adriana Celihueta, la joven que hace casi 25 años desapareció en Necochea, su ciudad natal. Hoy Adriana cumple, para la Justicia que hasta ahora la da por desparecida, 54 años de edad. Pero para los familiares y seres queridos de Adriana, cumpliría porque, si bien en sus corazones quieren que esté viva, en sus convicciones, saben que es imposible.
Y no se basan únicamente en el dictado de sus interiores, sino que surge de la causa que descansa archivada en los Tribunales de Mar del Plata desde hace tantos años, pese a todo lo que aún resta investigar.
El último juez que intervino decidió que el expediente fuera guardado “hasta que surjan elementos novedosos que permitan su rescate para impulsar una nueva investigación”. Contradictora decisión: ¿si no existe investigación, cómo pueden surgir elementos novedosos?
No obstante, en la causa aún quedan muchos interrogantes que cualquier juez, por novato que sea, daría curso al menos para descartar posibilidades. Pero no, se prefirió pasarla a archivo.
Esta actitud sirvió para alimentar más las sospechas de la participación del poder político, del accionar policial, y de la complicidad de la Justicia para que el caso no se esclarezca. De hecho, algunos de los protagonistas que aparecen en la investigación están preparando las valijas porque se van a vivir a Europa. “No soportamos más que cada vez que aparezca el nombre Celihueta, todos nos miren”, dejaron trascender en una charla de amigos.
Mientras tanto el tiempo pasa, la Justicia sigue sin actuar, y los Celihueta aguardan que en algún momento ocurra “el milagro” que les permita encontrar algún vestigio de su hija. “Se me va la vida en esta búsqueda, pero a la Justicia impartida por seres humanos no le importa… la única tranquilidad que me queda, es que los responsables no podrán escapar a la otra justicia, a la de Tata Dios”, se convence día a día Mimí, al tiempo que sigue depositando una rosa blanca a la Virgen María, imagen en la que simboliza a su hija desaparecida.

Hablemos de seguridad

La sucesión de asaltos en estos días agudizó la presente preocupación por la seguridad. Convengamos que la problemática existe, aunque en época de elecciones históricamente cuenta con un plus adicional y se convierte en uno de los caballitos de batalla de todos, o casi todos, los candidatos.
Puntualmente en Necochea, en declaraciones periodísticas realizadas hace varios meses, aún cuando no tenía en sus planes buscar otra reelección, el doctor Daniel Molina admitió que uno de sus “fracasos” fue la cuestión de seguridad. No supo, no pudo, no encontró la manera de revertir el flagelo que con justa razón tanto preocupa a la población.
Por estas horas se escuchan diversas reacciones oficiales y no oficiales tendientes a mejorar la seguridad de los ciudadanos. No obstante, como ha ocurrido en otros momentos políticos de la vida de los argentinos, las iniciativas no parecen elaboradas y evaluadas adecuadamente. Son más bien respuestas apresuradas destinadas sólo a buscar resguardo ante la opinión pública olvidándose la parte más básica, que tiene que ver con la prevención.
Para evaluar seriamente y con criterios actualizados el problema de la seguridad, lo primero que se requiere es contar con estadísticas confiables. Hoy no existen, y confiables mucho menos. Las que brinda la policía encargada de la prevención, son escasas y parciales ya que se limitan únicamente a los hechos denunciados, cuando sabemos que es muy bajo el porcentaje de damnificados que recurren a las dependencias policiales o a los fiscales para hacer conocer que fue víctima de algún ilícito. Esto tiene que ver con la falta de confianza a las instituciones, a la cantidad de trámites a la que se someten a los perjudicados, muchas veces al maltrato que reciben, y así se podrían nombrar otras situaciones que terminan por desanimar a las víctimas.
Esta carencia de estadísticas serias da lugar a incertidumbre sobre la verdadera magnitud del problema. La sensación de los ciudadanos es que la tendencia del delito está en aumento y que existe un marcado deterioro de la seguridad.
Algunos integrantes de fuerzas policiales, e incluso varios del Departamento Judicial, han sostenido en charlas informales que el delito no aumentó aunque reconocieron un mayor componente de violencia. En este marco es frecuente oír que la sensación de inseguridad se debe a que el periodismo hace hincapié en las noticias sobre delitos. Es verdad, muchas veces los informes no son tratados con la profesionalidad que se merecen, pero no es menos real que los hechos existen.
No obstante, todos reconocen que las estadísticas con que cuentan son escasas porque la mayoría de los estamentos destinados a seguridad no están lo suficientemente informatizados. O sea que para enfrentar este problema no existe un diagnóstico adecuado.
Es frecuente escuchar, y muchas veces a funcionarios, la propuesta de enfrentar el delito sólo con aumentos de penas judiciales, o con mayor represión policial. Esta es una posición simplista cargada de desconocimiento, de facilismo o por el deseo de venganza.


Un aspecto puntual
Un aspecto puntual al que no se le presta adecuada atención es al comportamiento del personal desvinculado de la Policía. Buena parte tiene antecedentes de conducta irregular o delictiva. Sin irnos del “pago chico” hace poco menos de 10 años, como periodista realicé una investigación de la que surgió que personal de Narcocriminalidad de la Provincia de Buenos Aires, con base en nuestra ciudad, utilizaba a menores para “atraer” a nuevos clientes, marcar “punteros” y distribuir drogas. Antes de publicarse la información, formulé la correspondiente denuncia en el Juzgado de Menores Departamental, entonces a cargo de la doctora María Angélica Bernard. La magistrada actuó de inmediato (incluso en horas de la noche), evaluó los elementos que puse a su disposición, tomó declaración a algunos de los menores y dispuso el inmediato allanamiento a la dependencia policial sospechada.
Como conclusión de las evaluaciones de la doctora Bernard, la cúpula completa y los efectivos policiales fueron procesados y relevados de la repartición. La Justicia Ordinaria y la Federal (en dos causas paralelas) continuaron el proceso, que todavía no llegó a juicio oral. Mientras tanto, esos efectivos policiales siguen en actividad. Es más, el oficial Porcú –uno de los vinculados-, algunos meses más tarde fue el que le disparó un tiro en la cabeza en el baño de un boliche a Romina, una joven de nuestro medio.
Este caso puntual deja sin argumentos serios a la Justicia. Algunos fiscales, que hacen de voceros del Fiscal General,difícil de encontrar, indilgaron la responsabilidad de la actividad de la Justicia a la Policía. “Nosotros actuamos una vez ocurrido el delito”, se defendieron. Es cierto, esa es la tarea de los fiscales, aunque también lo es la de investigar y una de las “patas flojas” en este sistema es que la investigación llegue a buen resultado (caso Mónica Neila, por citar un ejemplo, cargado de sospechas y todavía sin esclarecer).

Una medida urgente
Pese a la gravedad de los casos delictivos que estamos soportando, la ciudadanía lo viene asimilando casi como un hecho natural. Es elemental terminar con esta degradación, y para ello el responsable político de la seguridad del Distrito, el intendente, debe tomar cartas en el asunto. Se impone que convoque a los titulares de todos los poderes locales (Ejecutivo, Legislativo, Judicial) junto a los responsables directos de las fuerzas de seguridad para realizar un estudio de los delitos que se cometen y elaborar estrategias conjuntas para contrarrestarlos.
Paralelamente debe reclamar ante los organismos competentes a nivel provincial y nacional, la elaboración de estrategias novedosas de prevención para no estar corriendo detrás del delito; sugerir el control para establecer si los responsables de la Seguridad en el Distrito están realizando las tareas como corresponde y la inmediata investigación de posible “conexión” entre autoridades y delincuentes.
Sin dudas estas medidas actuarán sólo como paliativo. Pero es una manera de comenzar a revertir una situación.
Las causas de los delitos que habitualmente se cometen en nuestra sociedad son múltiples y no resulta sencillo coincidir en cuáles son las más relevantes. No obstante, pueden señalarse algunos fenómenos que intervienen en forma decisiva como el impacto de la falta de trabajo y el deterioro de la educación sobre los ingresos y las expectativas sociales de amplias capas de la población, especialmente en los más jóvenes. Es inevitable la importancia de la educación y la generación de puestos de trabajo en el tratamiento de la seguridad.
Oscar Gollnitz
oscargollnitz@gmail.com
l.ciudad.o@gmail.com

Reflexión en el Día del Periodista

El premio Nobel de Literatura y durante décadas periodista en ejercicio, Gabriel García Márquez, criticó el periodismo de la actualidad. “Sufro mucho leyendo lo que leo y escuchando lo que escucho (…) cada vez leo menos reportajes que puedan considerarse joyas”, expresó el escritor. También atribuyó esta problemática a la falta de tiempo de los periodistas en la actualidad.
Sin dudas, García Márquez se refirió al rol del periodismo actual donde las premisas parecen ser la prisa, la competencia, la exigencia de una mayor productividad, la incapacidad para perseguir un tema durante semanas aunque no dé ningún fruto, el aburrimiento, la falta de motivación que afectan, en mayor o menor medida, al resultado de un trabajo cada vez de peor calidad.
Esta tendencia es preocupante porque está cimentando a que sea cada vez mayor la cantidad de ciudadanos que se conforman con información breve, ligera de contenido hasta hacer casi evanescente y digerible en pocos minutos.
Bajo este concepto, con el que me siento identificado, parece que cada vez hay menos cabida para los periodistas esmerados e incansables que no olvidan en ningún momento la responsabilidad que se supone el periodismo para con la sociedad.
En la actualidad parece borrada la premisa de los maestros periodistas. Ellos decían que para ejercer este oficio se precisa empatía, capacidad de ponerse en la piel del otro, conocimiento de idiomas y culturas, viajar, especializarse y profundizar en los temas de actualidad, tener los ojos y oídos bien abiertos y estar en contacto con la calle, porque es en ella –y no en las redacciones- donde se producen las noticias y donde se puede palpar la realidad.
Olga Rodríguez, una periodista y escritora española graficó que “los líderes del modelo imperante de información –habría que llamarlo desinformación- se resguardan de las críticas apelando a los deseos de la sociedad como factor determinante en la elección de los contenidos”
Y fue más lejos aún: “parapetados en un argumento facilón y falaz, quieren creer que la ciudadanía se compone de tontos y tontas que necesitan cuanta más basura mejor para quedarse pegados a la pantalla, para animarse a comprar un periódico o para escuchar la radio. Tienen fe en la basura porque a corto plazo es lo más rentable, lo más barato, lo más fácil”.
No obstante, independientemente de la presunta voluntad de una mayoría, el deber del periodismo es contar la realidad de manera detallada y rigurosa.
La periodista Olga Rodríguez entiende que por lo general, cuanto más informados estamos, más queremos saber. Cuanto más sabemos, más preguntas surgen. Por lo tanto, cuanto más tiempo dure la apuesta por el show disfrazado de periodismo, nos arriesgamos a que más ciudadanos dejen de tener interés por la actualidad.
En coincidencia con este concepto, se puede aportar que si se apostara por multiplicar los espacios informativos y éstos se mantuvieran en el tiempo respaldados por una buena promoción, es muy probable que se fueran sumando como público-lectores más y más ciudadanos, que descubrirían así nuevos enfoques, perspectivas y realidades, queriendo estar bien informado.

LA RESPONSABILIDAD
La colega española tiene en claro la responsabilidad de los periodistas, la misma que rige a la profesión, pero tan mancillada en los últimos tiempos.
• El periodismo tiene una responsabilidad: informar con ética, con fuentes contrastadas.
• No rendir pleitesía al poder, dar un altavoz a quienes no lo tienen, intentar que los que rigen el mundo no sean los únicos que aparezcan en los medios.
Pero también los ciudadanos tienen en sus manos una responsabilidad: exigir información de calidad, protestar contra la banalización de los espacios informativos y de las imágenes. Esta es una manera (más allá de la económica) de lograr que este no-periodismo siga engañando y adormeciendo a las sociedades. Que la población no esté bien informada la hace fácilmente manipulable. Acordemos que la información de calidad, como servicio público, es la base de las sociedades libres y democráticas.