“Cualquier sociedad que renuncie a un poco de libertad para ganar un poco de seguridad, no merecen ninguna de las dos cosas”. Benjamin Franklin
Finalmente parte del Distrito de Necochea comenzó a hartarse. Tal vez no por solidaridad, sino por haber vivido malas experiencias, un importante número de vecinos salió a la calle a reclamar por seguridad.
La marcha fue como un flash de la memoria en la que se sintió que la situación se había vivido antes. Sin embargo ocurrió, fue real, tan innegable como el reclamo que tantas veces ya se hizo en Necochea. Tan idéntica que la convirtió en déjà vu.
Vecinos se autoconvocaron por segunda vez en poco tiempo, recorrieron el centro de la ciudad, reclamaron frente a la Departamental de Policía y finalmente intentaron hacerlo en la Municipalidad. Pero el intendente no apareció.
Recién al otro día el profesor Horacio Tellechea admitió que “tal vez haya sido un error no recibir a los vecinos”. Argumentó también el temor de que su presencia pudiera provocar violencia dado las características del reclamo. Inmediatamente, y para enmendar la evidente falta de cintura política para estar a la altura de estos acontecimientos, se reunió con las caras visibles de la marcha y algunos representantes del empresariado local.
Entonces propuso recolectar 20.000 firmas para hacer el reclamo correspondiente a la Gobernación de la provincia de Buenos Aires, apoyando la iniciativa de la gente. En realidad, este paso debería haber sido a la inversa: el intendente exigiendo, con el apoyo de la gente. No obstante, lo importante es que se puso en marcha la rueda de este carro que pretende solucionar lo que debe hacer el Estado.
La tensión que ya no se puede disimular en la población, hizo que en pocas horas llegara a Necochea el Superintendente de Seguridad Zona Interior Sur, comisario general Héctor Abel Maggi. Este funcionario que tiene a cargo la jurisdicción comprendida entre Mar del Plata y Bahía Blanca, prometió que llegarán a Necochea 55 efectivos policiales para reforzar la seguridad en el Distrito durante las vacaciones de invierno. ¿Y después? ¿Qué va a pasar? ¿Todo quedará como hasta antes de las marchas?
Otra promesa fue la de conformar en el Barrio Nueve de Julio una base operativa. Esta proposición sí que es déjà vu. En ese lugar ya se prometieron destacamentos, subcomisarías, una sede de Bomberos, Caballería…
Tal vez lo más serio que se escuchó fue la implementación del programa “corredor seguro” que consiste en controles a los pasajeros de taxis y remises en los ingresos y egresos de los barrios. En este trabajo, de llevarse a cabo, se articulan personal de la Policía y los taxistas o remiseros.
Después poner casillas en los accesos a Necochea y Quequén con un policía, en realidad es castigar al efectivo que le toque estar, indefenso, en esos puestos.
“Este es un tema que nos preocupa y nos ocupa. Es por eso que estamos viajando en busca de ir consiguiendo soluciones a este importante problema que aqueja a nuestro Distrito”, expresó Tellechea al pedir una audiencia con el ministro de Seguridad y Justicia bonaerense, Ricardo Casal.
También se esboza la posibilidad de que este funcionario provincial y parte de su equipo viajen a Necochea.
Este tipo de soluciones, como la posible visita del ministro, no puede verse más que como un paliativo. Se necesitan medidas de fondo y menos visitas para decir cosas que tantas veces han prometido y se han cumplido a medias, o directamente no se hicieron.
Aquí es donde la población debe ser fuerte. El compromiso de la ciudadanía ejerciendo el control de los actos de gobierno es la herramienta que se tiene que fortalecer. De hecho, entre 3.500 y 5.000 voluntades que salieron a reclamar seguridad provocó la inmediata llegada de funcionarios, la promesa de otras visitas, y varios parches para calmar ánimos
Prevención e investigación
Necochea no es una isla en Argentina. Sufre las mismas dificultades y desafíos que el resto del país. La Nación se tiene que hacer cargos de sus problemas y retos, como también cada provincia debe bregar por los suyos. Los distritos tienen que pugnar por el bienestar de sus vecinos.
Aquí es donde deben estallar las voluntades. El intendente del Distrito, como principal responsable político de la seguridad de su población, debe reclamar por las anomalías que se puedan producir en organismos que dependan de la Provincia o Nación.
Siempre se dijo que el jefe comunal no puede interceder, por ejemplo, en el ámbito de la Policía. Sin embargo, existen innumerables pruebas de las veces que intendentes han hecho cambiar a jefes de dependencias y hasta de las departamentales. O han pedido por alguno de su confianza, generalmente del mismo color político.
Con estos antecedentes, bien puede el intendente saber cuál es el presupuesto que le corresponde a la policía del Distrito a su cargo. ¿Es suficiente? ¿Alcanza para cubrir todas las necesidades que permita hacer una prevención correcta? ¿Hay suficiente número de efectivos? ¿Y móviles? ¿Están equipados los policías con los elementos necesarios? ¿Los chalecos antibalas, están en condiciones? ¿Los uniformes, se los tienen que seguir comprando los propios agentes?
¿Se le habrá planteado esta situación al comisario general Maggi? Son preguntas básicas, a las que se les pueden sumar otras: ¿Alguien sabe la cantidad de policías que están afectados a hacer notificaciones? En la era de la computación ¿hace falta destacar a efectivos para esta tarea, cuando en realidad son necesarios para otros trabajos? ¿Tienen en las dependencias suficientes computadoras y papel? ¿Qué pasa con la cantidad de policías que permanecen en ámbitos de la Justicia? ¿Y los que deben trasladar a presos? La afectación de estos efectivos a otras actividades debilita la prevención… Anunciar que van a traer 55 policías de refuerzo sólo para las vacaciones de invierno, es poco serio ante una realidad angustiante que ya movilizó a casi cinco mil personas en Necochea.
El intendente de un pueblo tampoco puede desconocer el reducido número de policías que está a cargo de la investigación de los delitos, desde los más simples, hasta los más graves. Tampoco debe ignorar la carencia de peritos, elementales en cualquier pesquisa. Todos estos reclamos se deben hacer a la Provincia, a través de Maggi, o del propio Casal. Estas son las voluntades por la que un pueblo se está poniendo de pie.
La Justicia y la seguridad
Todos los operadores de la Justicia tratan de despegarse de la cuestión seguridad. “Cuando las causas llegan a nuestras manos, es porque ya existió el delito” y “falló la prevención”, sostienen a manera de abrir un paraguas para no resultar mojados con el tema.
Esta aseveración siembra el descontento social y crea sensación de inseguridad.
Sobre todo cuando se dan a conocer fallos irritativos sustentados en verdaderas “chicanas” judiciales que, en muchos casos, se pueden obviar.
A modo de ejemplo, una situación que se puede dar a corto plazo. A mediados de abril de 2007, el Tribunal Criminal Nº 1 del Departamento Judicial Necochea aplicó severas penas para los imputados del asesinato del estanciero Carlos Stemphelet, en un hecho ocurrido dos años antes.
Miguel Angel Chantada y Raúl Alejandro Hernández fueron hallados responsables por el tribunal que integraron los jueces Pablo Noel, Luis Raffaghelli y Aldo Martínez de los delitos de “privación ilegal doblemente agravada” de Stemphelet y su esposa, y posterior muerte del estanciero. Impuso la pena de 30 años de prisión. En tanto, Eduardo Camino, fue condenado a ocho años de prisión por encubrimiento.
El abogado defensor de Chantada interpuso una serie de apelaciones que motivó que en la actualidad la pena establecida hace siete años, aún no esté firme. Esta situación deja a Chantada bajo la figura jurídica de prisión preventiva.
Para el defensor, la prisión preventiva es contraria al principio de estado de inocencia ya que para él todavía no se demostró su culpabilidad, al menos hasta que un tribunal superior al que lo condenó diga lo contrario.
Según trascendió el abogado va a pedir la libertad de Chantada (condenado oportunamente por otros hechos graves), al menos hasta que se expida el altísimo tribunal al que elevó la apelación. No obstante aguardaría que esté en turno algún juez lo suficientemente “garantista” que permita esa libertad. Sabe el letrado, que con otros jueces, aplicando el mismo Código, no otorgarían ese beneficio.
¿Acaso estas situaciones no generan inseguridad?
Además, de qué seguridad se puede hablar cuando hace meses desapareció drogas de un tribunal y hasta ahora no se conoce ningún responsable por esa irregularidad.
Mucho más se podría escribir de situaciones que tienen que ver con este estado de inseguridad. Desde los “vicios” estructurales de Policía, la Justicia, los secretos a viva voz sobre traficantes de drogas, los desarmaderos, los “reducidores”, la prostitución, el juego clandestino etc, que tanto se habla y que poco se investiga.
Oscargollnitz@gmail.com
