Inseguridad: el rol de las drogas

El consumo de drogas y su permanente vinculación con hechos delictivos fue casi el centro de las noticias periodísticas de los últimos días. Funcionarios de todos los calibres expresaron cataratas de declaraciones en televisión, radios, diarios, revistas, portales, periódicos, pero nadie se sinceró en cuanto a la política de Estado que se debería seguir al respecto.
Hace pocos días, la Corte Suprema de Justicia se pronunció en la supresión de un artículo de la Ley Nacional de Drogas que penaliza la tenencia de drogas para consumo personal.
En este esquema, la actualidad judicial está enfrentada en dos grupos de opinión, en pro y en contra de la penalización en estos casos.
Los jueces que están en contra del texto actual declaran su inconstitucionalidad porque, según sus ópticas, viola el derecho de privacidad que protege la Constitución Nacional. El argumento es simple: “quienes tienen droga en su poder para consumir no afectan a nadie” resumiendo la situación dentro de una esfera personal, ajena a la Justicia.
En contraposición, otros magistrados no sólo creen que, en su mayoría, estos casos se deben penalizar, sino que entienden que los legisladores nacionales deberían tener en cuenta que además de afectar la salud pública, el consumo de drogas también afecta a la “seguridad pública”.
Quienes avalan a esta última postura entienden que “no hay que estigmatizar a los enfermos con una pena, pero la seguridad como se plantea en nuestro presente requiere que persigamos a las dos puntas de la cadena ilícita: el vendedor (dealer, traficante) y el adicto (comprador, enfermo)”.
La política de reducción de daños de la que habla el Gobierno Nacional no explica claramente cómo se abordarán los tratamientos a los adictos, sobre todo teniendo en cuenta los inconvenientes que deben sortear en este momento los centros habilitados para tal fin (carencia de medios, dinero que llega tarde, falta de profesionales, etc).
El ministro de la Corte Suprema de Justicia, doctor Eugenio Raúl Zaffaroni dijo, en declaraciones periodísticas, que “alguien debe tomar la batuta para tratar seriamente y en todas sus facetas el flagelo” de las drogas, que calificó como “una emergencia”.
En realidad, si se despenaliza la tenencia de drogas, el adicto comprador y tenedor para su consumo estaría cometiendo, cuando menos, el delito de encubrimiento. Si ante los estrados judiciales, el adicto no indica quien le vendió la sustancia ilícita deberá ser sometido a proceso por encubrimiento. Como se viene planteando esta controversia, quizás también se proyecte complementariamente modificar o suprimir otras figuras penales pare evitar que el pobre adicto tenedor de la droga, nuevamente caiga en la “criminalizción de su penosa enfermedad.

Las cartas sobre la mesa
Es hora de poner las cartas sobre la mesa, de sincerar, decir claramente quién se hará cargo de los costos sociales irreversibles que genera la violencia callejera en la directa vinculación con sustancias prohibidas. Hay que decirle a la ciudadanía cómo se va a defender a través de las instituciones estatales que deben proteger a sus vecinos. El ciudadano tendrá drogas en su casa, consumirá y saldrá a manejar un auto, un colectivo, en fin, drogado andará por la vida con la consciencia adormecida. ¿no es esto un peligro para todos?
Si no se aborda globalmente el tema con premura, la comunidad corre el riesgo de ver acrecentada la adicción a las drogas de todo tipo. También las estadísticas de los hechos vandálicos de inseguridad callejera se incrementarán como consecuencia de este veneno