Poca seriedad y escasa exactitud

Muchas puertas golpeó el matrimonio Celihueta durante los 25 años que lleva buscando a su hija Adriana, desaparecida en Necochea el 15 de enero de 1987. Entre ellas la de funcionarios políticos de todos los niveles. Desde la presidente Cristina Fernández hasta intendentes de Necochea y la región, pasando por legisladores provinciales o nacionales y ministros de distintos niveles. En todos los casos afloró un interrogante: ¿Por qué el poder político no impulsa la causa fuertemente? Máxime teniendo en cuenta que la causa está manchada de sospechas sobre la dirigencia política de aquella época y los actores que aún quedan ya no están en ese plano. Desde ese punto de vista, y hasta por una cuestión generacional, ni siquiera salpicaría a quien tenga el deseo de que este caso se esclarezca. En este sentido se pueden hacer un sinnúmero de especulaciones. Desde una cuestión de “códigos” o “ética” hasta la simpleza de “no cargar con una pesada mochila”. Lo cierto es que, desde el principio existió poca seriedad y escasa exactitud en la voluntad de esclarecerse este hecho. A modo de ejemplo El 2 de abril de 1997 (cuarenta días después de la desaparición de Adriana) se concretó la Cuarta Sesión Ordinaria en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, en la que trató una solicitud de informes sobre el caso. Estuvo presidida por el vicepresidente primero, el senador Alejandro Hugo Corvatta, con la secretaría del doctor José Luis Ennis y el licenciado Alberto Mario Suárez y el secretario ad-hoc Waldo E. Mullen En esta sesión, correspondiente al periodo 125, estuvieron presentes los siguientes legisladores: Amondarain, Juan José (oriundo de Necochea, por La Plata, Primera Sección Electoral); Bilbao, Carlos Alfredo (necochense por la Quinta Sección Electoral), Bolinaga; Daniel Néstor; Burtín, Claudio Juan; Caberzasio, Roberto Enrique; Colombo, Juan Emilio; Corvatta, Alejandro Hugo; Courtial, Pedro Horacio; Crosetti, Arturo Domingo; Cruz, Norberto Washington; Cudos, Adriana María; Díaz Bancalari, José María; Doti, Filomena Inés Drkos, Jorge Daniel; Fernández, Alicia Beatriz; Fernández, Aníbal Domingo; Fernández, María Inés y Young, Jorge Eduardo. Ausentes con Licencia: Caldera, Ernesto Edgardo; Costa, Roberto Raúl; García, Miguel Angel; Lebed, Haroldo Amado; Morete, Horacio Miguel; Scoccia, Jorge Oscar y Tojo, Ricardo Alberto. Ausentes sin aviso: Balestrini, Alberto Edgardo; Oliva, Ezequiel Alberto; Florio, Eduardo Rubén; Fusaroli, María Inés; Genoud, Luis Esteban; Ienco, Ricardo Vicente; Martínez, Carlos Alberto; Mosca, Juan Carlos; Pallares, José; Pierri, Reinaldo Alfredo; Posadas, Ana María; Rivara, Raúl Alberto; Rizzi, Ezequiel Juan; Román, Horacio Rafael; Rossi, Jorge Norberto; Sala, Oscar Enrique; Salerno, Susana; Scarone, Jorge Omar; Sigal, Eduardo Alberto; Speroni, Luis Félix y Torres, Raúl Roberto. Solicitud de Informes La Solicitud de Informes (F-235/97-98) expresó textualmente: “El Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires solicita al Poder Ejecutivo Provincial se sirva informar acerca de los siguientes puntos: 1.- En qué estado se encuentran las investigaciones por la desaparición de la señorita Angela Adriana CELIHUETA, ocurrida el 29 de enero de 1987, cuya causa tramita por ante el Juzgado Criminal Nº1 del Departamento Judicial de Necochea. 2.- Si el Juez interviniente ha solicitado ayuda especial al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para lograr el esclarecimiento del caso. 3.- En caso afirmativo, qué tipo de acciones han realizado las fuerzas policiales o grupos especiales de seguridad para colaborar con la justicia y cuáles han sido los resultados obtenidos” A modo de conclusión Evidentemente con este pedido sólo se buscó algún efecto político-mediático ya que el escueto pedido de informes presenta algunas imprecisiones que lo convierten en poco serio. En primer término la inexactitud de la fecha de desaparición de Adriana Celihueta que se produjo el 15 de enero de 1987 y no el 29 como se especificó, sobre todo teniendo en cuenta la presencia de dos legisladores oriundos de Necochea que no podían ignorar lo que estaba sucediendo en su ciudad de origen. También la mención del “Juzgado Criminal Nº 1 de Necochea”, cuando todavía no se había creado el Departamento Judicial Necochea, razón por lo que la causa se radicó en los Tribunales de Mar del Plata. Por último, parece poco serio que el tratamiento estuviera a cargo de 18 legisladores presentes, ya que siete contaban con licencia y otros 21 estuvieron ausentes sin aviso.

En defensa del trabajador de prensa

Históricamente las empresas ligadas a los medios de comunicación se han rasgado las vestiduras hablando de libre expresión, igualdad, justicia, derechos, pero en muchos casos, los más se puede asegurar, no cumplen con los mínimos principios por los que pregonan de la boca hacia afuera. Por estos días el Sindicato de Prensa Necochea (Si.Pre.Ne.), en el transcurso de una asamblea abierta a afilados o no a la organización sindical, se declaró en estado de alerta y movilización como consecuencia de la actitud de los responsables de la empresa Ecos Diarios Saeci SA de despedir a un trabajador en medio de negociaciones que tenían que ver con la situación de sus empleados. La determinación de los directivos ahora está en manos de la Justicia que será la encargada de determinar si el despido tuvo causa justificada o no. Pero la actitud empresarial fue la que sorprendió porque interrumpió el canal de diálogo que se había instaurado luego de varios intentos de negociaciones. Ecos Diarios viola permanentemente el convenio colectivo de trabajo 541/08 que firmara oportunamente la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (Adira), organismo del que forma parte activa y de su directorio. Las anomalías, certificadas por el Ministerio de Trabajo, son como consecuencia de la mala liquidación de sueldos ya que los básicos no coinciden con los aceptados en el convenio antes mencionado; tampoco en el Sueldo Anual Complementario; no liquidan horas extras; no respetan los feriados nacionales; y para la empresa las jornadas nocturnas no existen. Así se podrían enumerar otras irregularidades que se vienen cometiendo a lo largo de los 90 años de trayectoria que tiene este medio de comunicación escrito. Este es un caso, pero no el único. Otra empresa tradicional, LU 13 Radio Necochea, no sólo no está pagando los sueldos de manera correcta -adeuda abultadas cantidad de dinero a sus empleados-, sino que además los dejó librados a la buena de Dios en materia de cobertura médica. Al no depositar la correspondiente suma de dinero a la obra social, sus empleados carecen de los servicios que éstas prestan. Un caso puntual es el de un trabajador que afronta un delicado estado de salud. Al empleador de la empresa no pareció interesarle demasiado porque sigue sin abonar a la obra social lo que le descuenta a ese trabajador. La excelente predisposición de OSPPRA hizo posible la intervención quirúrgica de este joven periodista y la continuidad del tratamiento al que debe ser sometido. Y así se podrían mencionar otras empresas del quehacer periodístico local que no sólo tienen a sus trabajadores en negro y no cuentan con convenios, sino, además, se quejan porque “el Sindicato de Prensa pretende que paguemos a nuestros empleados por lo menos el Sueldo Mínimo, Vital y Móvil”. En este sentido vale recordar que los medios de comunicación que cuenten con personal “en negro” no podrán recibir publicidad oficial por parte del Estado bonaerense. Se trata de una norma que dispone la adhesión de la Provincia al artículo 64 de la Ley Nacional 12.908 que prohíbe el otorgamiento de la publicidad oficial a las empresas que no cumplan con las normas laborales y previsionales de los trabajadores de prensa. Sin dudas, un paso importante en dirección a la justicia. El Sindicato de Prensa de Necochea viene enarbolando esta bandera hace cuatro años, a partir del momento mismo de su refundación.