Poca seriedad y escasa exactitud

Muchas puertas golpeó el matrimonio Celihueta durante los 25 años que lleva buscando a su hija Adriana, desaparecida en Necochea el 15 de enero de 1987. Entre ellas la de funcionarios políticos de todos los niveles. Desde la presidente Cristina Fernández hasta intendentes de Necochea y la región, pasando por legisladores provinciales o nacionales y ministros de distintos niveles. En todos los casos afloró un interrogante: ¿Por qué el poder político no impulsa la causa fuertemente? Máxime teniendo en cuenta que la causa está manchada de sospechas sobre la dirigencia política de aquella época y los actores que aún quedan ya no están en ese plano. Desde ese punto de vista, y hasta por una cuestión generacional, ni siquiera salpicaría a quien tenga el deseo de que este caso se esclarezca. En este sentido se pueden hacer un sinnúmero de especulaciones. Desde una cuestión de “códigos” o “ética” hasta la simpleza de “no cargar con una pesada mochila”. Lo cierto es que, desde el principio existió poca seriedad y escasa exactitud en la voluntad de esclarecerse este hecho. A modo de ejemplo El 2 de abril de 1997 (cuarenta días después de la desaparición de Adriana) se concretó la Cuarta Sesión Ordinaria en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, en la que trató una solicitud de informes sobre el caso. Estuvo presidida por el vicepresidente primero, el senador Alejandro Hugo Corvatta, con la secretaría del doctor José Luis Ennis y el licenciado Alberto Mario Suárez y el secretario ad-hoc Waldo E. Mullen En esta sesión, correspondiente al periodo 125, estuvieron presentes los siguientes legisladores: Amondarain, Juan José (oriundo de Necochea, por La Plata, Primera Sección Electoral); Bilbao, Carlos Alfredo (necochense por la Quinta Sección Electoral), Bolinaga; Daniel Néstor; Burtín, Claudio Juan; Caberzasio, Roberto Enrique; Colombo, Juan Emilio; Corvatta, Alejandro Hugo; Courtial, Pedro Horacio; Crosetti, Arturo Domingo; Cruz, Norberto Washington; Cudos, Adriana María; Díaz Bancalari, José María; Doti, Filomena Inés Drkos, Jorge Daniel; Fernández, Alicia Beatriz; Fernández, Aníbal Domingo; Fernández, María Inés y Young, Jorge Eduardo. Ausentes con Licencia: Caldera, Ernesto Edgardo; Costa, Roberto Raúl; García, Miguel Angel; Lebed, Haroldo Amado; Morete, Horacio Miguel; Scoccia, Jorge Oscar y Tojo, Ricardo Alberto. Ausentes sin aviso: Balestrini, Alberto Edgardo; Oliva, Ezequiel Alberto; Florio, Eduardo Rubén; Fusaroli, María Inés; Genoud, Luis Esteban; Ienco, Ricardo Vicente; Martínez, Carlos Alberto; Mosca, Juan Carlos; Pallares, José; Pierri, Reinaldo Alfredo; Posadas, Ana María; Rivara, Raúl Alberto; Rizzi, Ezequiel Juan; Román, Horacio Rafael; Rossi, Jorge Norberto; Sala, Oscar Enrique; Salerno, Susana; Scarone, Jorge Omar; Sigal, Eduardo Alberto; Speroni, Luis Félix y Torres, Raúl Roberto. Solicitud de Informes La Solicitud de Informes (F-235/97-98) expresó textualmente: “El Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires solicita al Poder Ejecutivo Provincial se sirva informar acerca de los siguientes puntos: 1.- En qué estado se encuentran las investigaciones por la desaparición de la señorita Angela Adriana CELIHUETA, ocurrida el 29 de enero de 1987, cuya causa tramita por ante el Juzgado Criminal Nº1 del Departamento Judicial de Necochea. 2.- Si el Juez interviniente ha solicitado ayuda especial al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para lograr el esclarecimiento del caso. 3.- En caso afirmativo, qué tipo de acciones han realizado las fuerzas policiales o grupos especiales de seguridad para colaborar con la justicia y cuáles han sido los resultados obtenidos” A modo de conclusión Evidentemente con este pedido sólo se buscó algún efecto político-mediático ya que el escueto pedido de informes presenta algunas imprecisiones que lo convierten en poco serio. En primer término la inexactitud de la fecha de desaparición de Adriana Celihueta que se produjo el 15 de enero de 1987 y no el 29 como se especificó, sobre todo teniendo en cuenta la presencia de dos legisladores oriundos de Necochea que no podían ignorar lo que estaba sucediendo en su ciudad de origen. También la mención del “Juzgado Criminal Nº 1 de Necochea”, cuando todavía no se había creado el Departamento Judicial Necochea, razón por lo que la causa se radicó en los Tribunales de Mar del Plata. Por último, parece poco serio que el tratamiento estuviera a cargo de 18 legisladores presentes, ya que siete contaban con licencia y otros 21 estuvieron ausentes sin aviso.

En defensa del trabajador de prensa

Históricamente las empresas ligadas a los medios de comunicación se han rasgado las vestiduras hablando de libre expresión, igualdad, justicia, derechos, pero en muchos casos, los más se puede asegurar, no cumplen con los mínimos principios por los que pregonan de la boca hacia afuera. Por estos días el Sindicato de Prensa Necochea (Si.Pre.Ne.), en el transcurso de una asamblea abierta a afilados o no a la organización sindical, se declaró en estado de alerta y movilización como consecuencia de la actitud de los responsables de la empresa Ecos Diarios Saeci SA de despedir a un trabajador en medio de negociaciones que tenían que ver con la situación de sus empleados. La determinación de los directivos ahora está en manos de la Justicia que será la encargada de determinar si el despido tuvo causa justificada o no. Pero la actitud empresarial fue la que sorprendió porque interrumpió el canal de diálogo que se había instaurado luego de varios intentos de negociaciones. Ecos Diarios viola permanentemente el convenio colectivo de trabajo 541/08 que firmara oportunamente la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (Adira), organismo del que forma parte activa y de su directorio. Las anomalías, certificadas por el Ministerio de Trabajo, son como consecuencia de la mala liquidación de sueldos ya que los básicos no coinciden con los aceptados en el convenio antes mencionado; tampoco en el Sueldo Anual Complementario; no liquidan horas extras; no respetan los feriados nacionales; y para la empresa las jornadas nocturnas no existen. Así se podrían enumerar otras irregularidades que se vienen cometiendo a lo largo de los 90 años de trayectoria que tiene este medio de comunicación escrito. Este es un caso, pero no el único. Otra empresa tradicional, LU 13 Radio Necochea, no sólo no está pagando los sueldos de manera correcta -adeuda abultadas cantidad de dinero a sus empleados-, sino que además los dejó librados a la buena de Dios en materia de cobertura médica. Al no depositar la correspondiente suma de dinero a la obra social, sus empleados carecen de los servicios que éstas prestan. Un caso puntual es el de un trabajador que afronta un delicado estado de salud. Al empleador de la empresa no pareció interesarle demasiado porque sigue sin abonar a la obra social lo que le descuenta a ese trabajador. La excelente predisposición de OSPPRA hizo posible la intervención quirúrgica de este joven periodista y la continuidad del tratamiento al que debe ser sometido. Y así se podrían mencionar otras empresas del quehacer periodístico local que no sólo tienen a sus trabajadores en negro y no cuentan con convenios, sino, además, se quejan porque “el Sindicato de Prensa pretende que paguemos a nuestros empleados por lo menos el Sueldo Mínimo, Vital y Móvil”. En este sentido vale recordar que los medios de comunicación que cuenten con personal “en negro” no podrán recibir publicidad oficial por parte del Estado bonaerense. Se trata de una norma que dispone la adhesión de la Provincia al artículo 64 de la Ley Nacional 12.908 que prohíbe el otorgamiento de la publicidad oficial a las empresas que no cumplan con las normas laborales y previsionales de los trabajadores de prensa. Sin dudas, un paso importante en dirección a la justicia. El Sindicato de Prensa de Necochea viene enarbolando esta bandera hace cuatro años, a partir del momento mismo de su refundación.

El Festival Infantil en terapia intensiva

La pobreza que dejó a la vista la 51 edición del Festival Infantil de Necochea; la carencia de organización; falta de imaginación; desinterés en esta fiesta de carácter nacional que supo estar auspiciado por la Unesco; el mal trato a los elencos y la escasez de promoción (buena, porque de la mala la tuvo y con justa razón), dejaron a este evento en terapia intensiva. La actitud de los organizadores arrasó con la rica historia recogida a lo largo de medio siglo. Dejó por el suelo el tesoro que alguna vez significó que la propia María Elena Walsh (madrina de este espectáculo) estrenara sus obras en esta fiesta de los niños; o que el genial Javier Villafañe, titiritero argentino reconocido también en Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay, realizara sus magistrales talleres de títeres en Necochea. Estos son dos casos puntuales para tomar como ejemplo, pero se pueden mencionar tantísimos más. Sería casi inagotable contar los números tan importantes que año tras año buscaban un lugar en este festival. Antes, las lágrimas de los necochenses eran de alegría, emoción, orgullo. Hoy de tristeza, desazón y mucha, pero muchísima vergüenza. Antes, la prensa a nivel nacional hablaba maravillas del Festival Infantil de Necochea. Hoy, la Asociación Argentina de Actores elaboró un comunicado en repudio por las agresiones verbal y física que recibió un elenco que se atrevió a contar las peripecias que sorteó para sobrevivir, la falta de comodidad que le brindaron y la desastrosa organización. Hablar del desfile y del espectáculo en sí de esta edición, parecería hacer leña del árbol caído. Pero no se puede dejar de mencionar que debe existir algún responsable por este fracaso; por esta desazón; por la desorganización; por el maltrato a los invitados; por el sitio donde fueron alojados los elencos; por la comida que recibieron; por haber tirado a la basura 50 años de trabajo de toda una comunidad. Sin embargo, nadie se hace cargo de este desastre. Hace unas pocas horas la propia titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Ana María Porcaro, admitió la existencia de agresión a los actores de un elenco mientras cenaba en una parrilla de la zona balnearia de Necochea. También les dijo a los ediles que mantendrá una reunión con la directora de Cultura, Florencia Trobo y determinará “las medidas a adoptar”. La pregunta de rigor es ¿cuándo?, sobre todo teniendo en cuenta que los agresores están perfectamente identificados, y, al menos uno de ellos, sería funcionario. La gravedad de este hecho de características muy parecidas a la de algún film basado en la mafia, pero lamentablemente reales, sumado a la pobreza del evento, se puede asegurar que el Festival Infantil de Necochea, hoy está en terapia intensiva. Fotos: Viento del Sur - Necochea Total

“Tapando agujeros” en materia de seguridad

Conceptos como “estamos tapando agujeros” o “en la actualidad la ley que tenemos es ésta y es la que debemos aplicar” no dejaron conformes a los vecinos que se autoconvocaron en la capilla Sagrada Familia, ubicada en la intersección de las calles 72 y 73 de Necochea, en procura de encontrar un alivio a la inseguridad que sienten ante la ola de robos y ataques de delincuentes. La disconformidad fue mayor porque quienes vertieron estos dichos fueron los propios representantes de la Justicia ordinaria y de la Policía bonaerense que participaron de la reunión. También compartió la opinión la flamante directora de Seguridad de la Municipalidad, Karina Chatelain, aunque calmó bastante a los vecinos cuando aseguró que “se están haciendo las gestiones correspondientes para que (al distrito de Necochea) vengan otras fuerzas todo el año, como Gendarmería, mayor cantidad de efectivos de la Policía Federal, Caballería de la Policía de la Provincia de Buenos Aires”, con la intención de que haya mayor prevención.
Coincidió el casi centenar de vecinos en que “es necesario cambiar las leyes”, pero también entendió la imposibilidad de hacerlo desde ese ámbito donde predominó la catarsis y demostración de impotencia ante el avance continuo de la delincuencia. “Los vecinos honestos estamos encerrados tras las rejas que nosotros mismos ponemos, mientras los ladrones caminan libremente por las calles”, dijeron.
Además de la representante del municipio, estuvieron el segundo jefe Distrital de la Departamental de la Policía bonaerense, comisario inspector Pablo Bueno;  el jefe de la Seccional Primera, subcomisario inspector Jorge Tarante; el titular de la Fiscalía 30, Roberto Mirada; los instructores judiciales Carlos Larrarte y Diego Alvarez.
Más allá de que los vecinos decidieron formar una red solidaria barrial, a través del uso de celulares y teléfonos, en la reunión quedó en claro la imposibilidad de revertir la sensación de inseguridad que se vive. Al menos a corto plazo.
Se supo, por ejemplo, que ese mismo día los móviles policiales afectados al servicio de cuadrículas de prevención en que está dividido el Distrito estuvieron fuera de servicio. No había combustible para poner en marcha a los patrulleros, pese a que el dinero debería estar ya que proviene de los fondos afectados a los vecinos, que lo aportan a través del recibo de la luz. “No hay combustible por una cuestión burocrática. No están aceitados los mecanismos, y esto ocurre a menudo”, se lamentó un policía.
También quedó al desnudo otra realidad. La operatividad de los policías que están en la calle no es ciento por ciento. Y no es casual. Por citar un ejemplo, parece que los chalecos antibalas que deben utilizar para protección están vencidos. Cualquier lesión o herida en acción,  le significa al efectivo un grave problema porque no contará con la cobertura de la ART, con todo lo que ello significa. “Y… yo me cuido”, aseguran que dicen los agentes, con mucho de lógica más allá de que cobren algún plus por el trabajo riesgoso que desempeñan… Así se pueden enumerar otros inconvenientes que se enteraron los vecino.
No obstante la reunión fue positiva. Comenzó a tomar forma una red solidaria vecinal como paso importante; obtuvieron los teléfonos de jefes policiales y el de la directora de Seguridad de la Municipalidad; también el compromiso de traer a Necochea a otras fuerzas de seguridad para todo el año. Y lo más importante, el pedido de explicaciones a las autoridades sobre un tema por el que deben bregar y que hoy por hoy, está haciendo agua.

No maten al cartero

Matar al cartero porque lleva malas noticias es inútil y claramente poco aconsejable. Siempre es saludable comprobar que en la Argentina funcionan los resortes institucionales cuando en algún grado la libertad está amenazada. De hecho, hace muy poco el juez Alejandro Catanea pidió datos personales sobre los periodistas de varios diarios que informaron sobre la inflación. Esta iniciativa generó advertencias de Adepa (Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina); Fopea (Foro de Periodistas); críticas constructivas en la prensa, una sólida repercusión muy negativa en la opinión pública y el rechazo de los diputados de la Comisión de Libertad y Expresión.

Más que preocuparse por los domicilios, teléfonos y contactos de los periodistas, fiscales y jueces deberían cuidar para que a la comunidad le llegue toda la información, de manera clara, sin tapujos ni vueltas. Mucho menos se debe minimizarla u ocultarla.

De eso se trata la insistencia en saber qué fue lo que sucedió con la droga desaparecida en el Juzgado Federal de Necochea. O al menos, qué alguien explique cómo sucedieron los hechos, qué se hizo para recuperar el estupefaciente robado o, mínimamente, si se está investigando.

Sin embargo, parece que el citado Juzgado está más preocupado en recuperar las grabaciones por las notas realizadas a este periodista en relación al hecho, que en velar para que la sociedad tenga la información que requiere… Es inútil matar al cartero porque lleve malas noticias…