Justicia: Cuando lo extraordinario se convierte en cotidiano

Poco se entiende la actitud de algunos jueces o funcionarios de la Justicia que, ostentando la bandera de “hiper garantistas”, brindan beneficios exagerados a delincuentes que son condenados a muchos años de prisión. Es cierto que los magistrados tienen la potestad de utilizar este recurso que, por su uso indiscriminado, se convirtió en cotidiano. Pero no es menos real que el juez también puede no otorgar esos beneficios. Para el común de la gente no es grato ver como muchos delincuentes considerados de extrema peligrosidad, que no dudaron en asesinar, están tranquilos en sus casas o hasta se los puede ver caminando en la calle ostentando impunidad. Ni hablar de aquellos familiares que perdieron a seres queridos a manos de estos delincuentes que fueron condenados por otros jueces, pero que, la misma Justicia le permite estos regímenes y beneficios. ¿No existen veedores para observar estos casos? Sobre todo, teniéndose en cuenta que estos beneficios son otorgados casi en exclusividad por unos pocos jueces, generalmente cuando están de turno durante las ferias. ¿Es regular esta situación? ¿No existe ningún organismo que le llame la atención la cantidad de beneficios que se conceden con la misma firma? Algunos casos irritantes Claudio César Luvió fue hallado responsable del asesinato de Mariano Kloster, de 19 años, en el 2003. Un Tribunal lo condenó a 22 años de prisión en la Unidad Penitenciaria de Batán. Sin embargo es frecuente ver a Luvió en su casa de calle 76 al 4300. Los vecinos aseguran que hace algunos años llegaba el camión celular una vez al mes. “Estaba alrededor de una hora y media o dos, y después se lo llevaban de nuevo”, expresó una vecina. Ahora, dijo otro informante que pidió reserva de su identidad, “es habitual verlo en su casa”. A mediados de enero de 2007 (época de feria) fue autorizado judicialmente a permanecer cada tanto, dos horas en su casa, “por acercamiento familiar” Un año más tarde, también durante la feria judicial, Luvió pidió que “le fijen todos los meses” ese beneficio, que no está previsto legalmente. No obstante se acordó “salidas excepcionales, siempre que sean fundadas” por el condenado. Cuatro años más tarde, los vecinos de la calle 76 dicen que ven a Luvió con asiduidad. La medida se sustentó en que anteriormente fueron resueltos de manera favorable otros casos que tuvieron por protagonistas a sangrientos delincuentes. Por ejemplo: Sergio Aníbal Olivera, autor de la muerte de Marcelino Javier Huerta, asesinado de seis disparos en junio de 2003. Aníbal Ignacio Parrado, condenado por “robo doblemente agravado”. Miguel Angel Chantada responsable del delito de “homicidio en ocasión de robo en concurso real o material; privación ilegítima de la libertad; encubrimiento agravado en concurso real o material con encubrimiento”, en perjuicio del estanciero Carlos Justo Stemphelet, ocurrido a principio del 2005. La facultad de los magistrados de otorgar o no estos beneficios debería, por lo menos, fallar favorablemente en casos excepcionales como lo indica el espíritu por el que fue creado. No a todos, mucho menos a condenados que han sido privados de su libertad por asesinar a semejantes. Estas actitudes no hacen otra cosa que irritar a la sociedad, hoy tan sensible sobre todo en materia de seguridad. Ver a convictos en la calle también promueve esa sensación de fragilidad.